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ngresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley que crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la “Unidad Fiscal Especial de Delitos Rurales”, cuya competencia será la investigación y acción preventiva en esta materia en todo el territorio provincial.

Impulsada por Julián Maneiro (UCR-Cambiemos), dispone una estructura organizativa, de acuerdo a las disposiciones que dicte el Procurador General.

Maneiro destacó que otras jurisdicciones provinciales han llevado adelante reformas que crean figuras similares con funciones y competencias parecidas. Y explicó, en alusión a las roturas de silobolsas que se han registrado en los últimos meses: “los acontecimientos que se vienen sucediendo dan cuenta de un notable incremento en los delitos rurales".

“La especificidad y el incremento del delito rural merece que se activen políticas públicas para su control y erradicación", enfatizó el radical e insistió en que los productores agropecuarios, empleados rurales, prestadores de servicios y contratistas "merecen el respeto de sus derechos y garantías consagrados en la Constitución”-

“Necesitamos preocupación en serio de las autoridades provinciales. El campo es uno de los principales generadores de riqueza en la provincia”, indicó el legislador.

El proyecto

La iniciativa legislativa prevé un Fiscal por cada Unidad Fiscal y estará bajo la jerarquía del Fiscal Coordinador de su jurisdicción.

Los Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares tendrán a su cargo el ejercicio de la acción penal, de acuerdo a las previsiones legales, instrucciones del Procurador General y distribución de tareas que establezca.

Intervendrá, a través de los Delegados Judiciales y en coordinación con la Policía de Entre Ríos, y a través de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, en todas las actuaciones preventivas y punitivas de delitos que se cometan o intenten en áreas rurales e islas de jurisdicción provincial.

También lo hará en coordinación con la Dirección General de Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos, que será competente como titular de la acción penal, en todo lo normado por la Ley Nº 4.841 de Caza, la Ley Nº 4.892 de Pesca y la Ley Nº 10.479 de Áreas Naturales Protegidas”.