E
l gobierno nacional decretó el miércoles por la noche el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el departamento Gualeguaychú. La disposición salvó al intendente Martín Piaggio de un papelón, ya que la ciudad retorcedió de fase antes de que aparezca el decreto presidencial.
El anuncio de las autoridades políticas locales generó una gran polémica. Se cuestionó la información dada en la conferencia de prensa el viernes pasado y se la tildó de “confusa”. Además, se advirtió que una decisión de ese tenor sólo podía ser tomada por el gobierno nacional y el comercio local interpuso un Habeas Corpus que no tiene carácter colectivo.
Recién este miércoles llegó el aval del Ministerio de Salud de la provincia en torno a la determinación del intendente. El sitio local R2820 publicó que “Nación y Provincia le dieron la firma a Piaggio 5 días después de anunciar la vuelta a Fase 1”.
“La denuncia de un comerciante puso en evidencia la falta de marco normativo para una medida que volvió a la ciudad a la cuarentena estricta de fines de marzo”, se indicó. “Llegó tarde, a las apuradas. Comenzó a ser reenviada compulsivamente, sin siquiera contar con el sello. La resolución firmada por la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, fue firmada a la tarde-noche de este miércoles, para emprolijar una situación que -al menos- estaba floja de papeles. A tal punto la resolución de la ministra Velázquez tiene aroma a salvataje, que no llegó a citar el decreto -sin firmar- que fue repartido una hora después, desde Prensa Municipal”.
Desde la declaración mediática por parte del Municipio respecto al retroceso " a fase 1" el viernes por el mediodía, pasando por la difusión de la incorporación de la ciudad como zona de circulación sostenida del virus COVID-19 y la confirmación de Martín Piaggio sobre la autorización del gobierno nacional para el ingreso al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) de Gualeguaychú, en el Boletín Oficial -ni de Nación ni de Provincia- ni rastro.
La ausencia de la medida en dicho órgano de difusión, alertó a los abogados del presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial, Adolfo Solari, quien presentó durante este martes un Habeas Corpus - que no reviste carácter colectivo- ante el Juzgado Federal a cargo del Dr. Hernán Viri, para conocer los alcances de la normativa vigente, la cual no establece -en términos de lo publicado- que "existan las restricciones al derecho ambulatorio y comercial" tal y como lo ha consignado el Municipio de Gualeguaychú durante los últimos cuatro días.
"Se están declarando decretos en el marco de las competencias de emergencia que tiene el Presidente de la Nación -mediante decretos y leyes- puede ejercer más intensamente el poder de policía y restringir derechos de rasgo constitucional, como son la libertad ambulatoria y el derecho a ejercer actividades productivas o industriales. Siempre la competencia está en manos del presidente, no de cualquier autoridad, porque si así fuera la facultad para acotar derechos de rango constitucional sería un caos. Aunque pueda comprenderse la desesperación en el marco de la crisis sanitaria que atravesamos, es competencia del presidente", señaló a este medio el fiscal de Estado provincial, Dr Julio Rodríguez Signes.
Finalmente, en la vísperas de que el juez Federal Hernán Viri falle respecto a la presentación del comerciante, comenzaron a llegar los papeles "que faltaban" aunque todavía no llegan las publicaciones a los registros oficiales establecidos en el articulado.
Dice el documento nacional firmado minutos antes de las 22 horas de este miércoles: "Establécese que el departamento de Gualeguaychú de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS se encontrará alcanzada por las disposiciones del ASPO", con fecha de este miércoles 26 de agosto. Ya no solo Gualeguaychú, sino también otras localidades como Pueblo Belgrano, Larroque, entre otras.
