Es lo que le reclama la firma de un ex precandidato a intendente por un servicio de tratamiento de residuos. La pelea se judicializó en la anterior gestión y ahora el abogado de la empresa dice que el municipio debe pagar.
U
na empresa le reclama a la Municipalidad de Concepción del Uruguay el pago de $20 millones. Se trata de una contienda judicial, que el gobierno uruguayence mantiene con la empresa HOSIFA S.A, del empresario y exprecandidato a intendente Mariano Farías. El pleito comenzó en la gestión de José Lauritto.
El entonces intendente de La Histórica lo había denunciado en la justicia por supuestas irregularidades en un inmueble ubicado en la ruta provincial N° 42, localidad de Talita departamento Uruguay, donde funciona la planta de tratamiento de residuos. El predio pertenece a Farías, pero éste entabló un acuerdo con el municipio para su uso como basural, a cambio de reducción de cánones.
El predio de la discordia.
Sin embargo, la situación se complicó cuando el empresario le colocó un candado a los portones de ingreso al predio, lo que inhabilitó el lugar por horas para el tratamiento de la basura.
Este jueves trasendió que la empresa le reclama esa suma millonaria al municipio. "La empresa Hosifa, a raíz de un cese en el cobro mensual de su canon, a partir de diciembre de 2017; derivó en un estado de cesación de pagos y posterior concurso preventivo, (el cual actualmente está en tramite judicial)", informó el sitio Ruta20.com.ar.
En el sitio del departamento Uruguay el abogado de la firma, Agustín Erpen, habló de la presunta deuda municipal: "La empresa Hosifa, a raíz de un cese en el cobro mensual de su canon a partir de diciembre de 2017 –mediante acuerdo celebrado con la MCU y por la que la empresa Hosifa brindó plazo de 6 meses sin percibir su canon-, derivó en un estado de cesación de pagos y posterior concurso preventivo, el cual actualmente está en tramite judicial. Por dicha situación de insolvencia, Hosifa forzosamente dejó de prestar el servicio de tratamiento de los residuos que se depositaban en el predio San Cayetano, no así la provisión y uso del lugar propiedad de la empresa donde funciona el basural".
"Entonces, desde mayo del 2018, (fecha en la cual, se cumplieron los seis meses de gracia, otorgados por HOSIFA; donde seguía proveyendo de espacio y máquinas gratuitamente; para dar tiempo al municipio a buscar otro lugar) la MCU se encuentra ocupando y utilizando el predio de la empresa Hosifa, sin contralor de ningún tipo y sin siquiera abonarle lo que por contrato le corresponde a dicha empresa", agregó.
El pleito judicial se inició en la gestion de Lauritto.
Y señaló que "no solo, no abonan precio alguno por la ocupación de un inmueble privado y que significó oportunamente una millonaria inversión de la empresa, (Hosifa) para acondicionar el lugar para un dispositorio final de RSU, sino que han manejado el lugar con total desidia y que probablemente traerá consecuencias ambientales".
A su vez, en dicho artículo se menciona que "actualmente, se encuentran tirando basura en una cava, cuya capacidad estaba prevista para cinco años como mínimo, de tratamiento de residuos; y que -por la falta de interes y operatividad con la que obra el MCU- la misma está proxima a agotarsese habiendo transcurrido solo dos años, (Esto debido al mal manejo de los residuos. Siendo que la cava lindera y de iguales medidas, duró cinco años gracias -presisamente-al correcto tratamiento de los residuos)".
"Todo ésto, sin perjuicio de la contaminación que se ha constatado por la empresa (Hosifa) y las denuncias penales en tramite por iguales motivos. Todos hechos acontecidos, desde que la MCU se hizo cargo del tratamiento de la basura en el predio San Cayetano, reitero, propiedad de Hosifa", añadió.
Finalmente, se indicó que "conforme resulta del contrato, (cosa que queda establecida por la justicia en el fallo antes mencionado) y considerando que el MCU, debe abonar un precio por el uso y agotamiento del lugar; próximo a la mitad del valor contractual, podemos decir que el Municipio de Concepción del Uruguay adeuda unos veinte millones de pesos, más los intereses punitorios de ésa cifra". Siempre según la versión del sitio local, "este número bien podría llegar a cinco millones de pesos más; debido a la demora en el pago".