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a Cámara de Senadores aprobó este jueves por mayoría el proyecto de ley de Emergencia Solidaria que presentó a la Legislatura el gobierno de Gustavo Bordet. El oficialismo votó a favor y Juntos por el Cambio lo hizo en contra.

La iniciativa declara el estado de emergencia pública en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional por un año, y se aplicará al Ejecutivo, entes descentralizados y poderes Legislativo y Judicial. Regirá hasta junio de 2021.

El proyecto dispone un aumento progresivo de los aportes personales para trabajadores, funcionarios, legisladores y jubilados que cobren más de 75 mil pesos a fin de sostener el déficit de la Caja de Jubilaciones, y prevé que los propietarios de campos de más de 1.000 hectáreas, los bancos y las entidades financieras paguen una contribución especial.

Del proyecto inicial se hicieron dos cambios. Se incorporó un artículo al final del texto que rodena, textual: “Dispónese para el supuesto que se alcanzaren los ingresos proyectados indicados en la ley de presupuesto vigente, el Poder Ejecutivo podrá desafectar de la mayor contribución impuesta al personal en actividad y pasivos, incluidos en el tramo b) del artículo 4º y en el tramo a) del artículo 6º”.

Es decir que si la administración provincial recauda lo previsto en la ley de presupuesto 2020 no aumentará el aporte a la Caja de Jubilaciones a los trabajadores que cobran desde 75.001 a 100.000 pesos, ni deberán hacer el “aporte solidario extraordinario” los jubilados que cobran desde 75.001 a 100.000 pesos. Pero mientras la Provincia no recaude lo presupuestado, esos sectores siguen siendo alcanzados al igual que los que cobran más.

Aunque falta un semestre, el escenario económico que acarrea la pandemia mundial del coronavirus hace difícil que Entre Ríos logre “alcanzar los ingresos proyectados” en su ley de presupuesto vigente. El ministerio de Economía, al fundamentar esta ley de emergencia, reveló que en los primeros seis meses del año, cuarentena mediante, la gestión provincial perdió $3.300 millones de recaudación.

El otro cambio al proyecto original es la excepción de las pymes y cooperativas farmacéuticas de las droguerías, a las que se les cobrarán más Ingresos Brutos. Durante la vigencia de la ley (como máximo diciembre de 2021) la alícuota de Ingresos Brutos para el comercio mayorista de medicamentos subirá al 4%. Pero con la modificación introducida, “cuando dicha actividad sea realizada por Micros o Pequeños contribuyentes o Cooperativas la alícuota se mantendrá en el 1,6%”.