E

l gobernador Gustavo Bordet presentó este viernes en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para "asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, garantizar derechos esenciales y asistir al sistema de salud en la pandemia".

Las formas de recaudar que propone para lograrlo son: impuestos extraordinarios a bancos, terratenientes de más de mil hectáreas y droguerías; mayores aportes de trabajadores y jubilados al sistema previsional provincial; y el fin de la "ley de Enganche": todos los empleados públicos cobrarán según la paritaria de la administración central.

El texto ya recoge opiniones en la Legislatura. Como era de esperarse, el PJ salió a valorarlo, como hicieron el titular de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, y su compañero de bloque Julio Solanas.

Giano valoró la iniciativa que "procura un esfuerzo colectivo y solidario en base a quienes más ganancias han tenido y tienen mayor capacidad contributiva".

"Es una ley progresista que claramente busca la solidaridad”, expresó Giano.

Además, el representante del Poder Legislativo explicó que también "pretende la centralización del aumento de los haberes en manos del Poder Ejecutivo en base a paritarias que se acuerde con los gremios".

Por su parte, Solanas coincidió que el proyecto "tiene una visión progresiva y progresista" porque "afectará a un grupo reducido del personal de la administración, ya que el 85 por ciento queda excluido, y alcanza a los sectores de mayor poder adquisitivo al grabar a las entidades financieras, a los mayoristas de medicamentos y a quienes tengan más de 1.000 hectáreas en Entre Ríos". 

El legislador del Frente de Todos aseguró además que su tratamiento "urge" y anheló que "pueda ser tratado sobre tablas en el transcurso de la semana entrante".

Según Solanas, la modificación de la base imponible a las actividades financieras "es sumamente importante. Se eliminan las deducciones que gozaban" y recordó que el sistema financiero argentino y el entrerriano en particular, "se ha visto beneficiado en todo este tiempo y no ha tenido ninguna dificultad".

“Esto tiene que ver fundamentalmente con una idea de justicia en función de que los contribuyentes sean los que más tienen ingresos en la provincia, y también gravar impuestos en este caso a la base imponible la modificación de la entidades financieras, mayorista de medicamentos y los ciudadanos que tienen más de 1.000 hectáreas en la provincia. Es una emergencia solidaria qué apunta a un año y que es progresiva y progresista", remarcó.

"Esperemos que se trate sobre tablas o al menos que nos dé la  posibilidad la oposición para poderlo tratar esta semana. Esto urge porque por la pandemia hay un déficit muy importante en los primeros seis meses en la provincia de Entre Ríos”, completó Solanas.

Por otra parte, el diputado del PJ, Néstor Loggio, defendió que “nadie en su sano juicio puede dudar que estamos en emergencia. Esto no es privativo de Entre Ríos. Según el Banco Mundial, vivimos la peor crisis económica del mundo desde 1870: más tremenda que el crack de 1929; peor que los efectos de las dos guerras mundiales e infinitamente más nociva que crisis del 2001 que marcó a esta generación en la Argentina”.

El legislador puntualizó que la emergencia “es producto de la pandemia” y marcó que “para funcionar, el Estado provincial y los municipios requieren recursos. Esos recursos provienen de los impuestos. Luego de la caída de la recaudación propia y de los fondos de coparticipación federal, se llegó a este punto”.

“El esfuerzo lo harán quienes más tienen. Sólo se pedirá a uno de cada 10 agentes de la administración pública, aquellos que cuentan con los ingresos más altos y que duplican el valor de una canasta básica alimentaria, que acompañen por un año”, subrayó y citó que de los casi 92 mil trabajadores y trabajadoras del Estado, incluyendo el sector docente, “sólo tendrán que hacer el aporte voluntario unos 13 mil agentes” y más de 78 mil “no serán afectados por la emergencia”.

"No resuelve los problemas de fondo"

En cambio, desde la oposición comenzaron a surgir críticas. El diputado del PRO, Nicolás Mattiauda, en una columna de opinión que puede leerse completa en INFORME DIGITAL, consideró que el proyecto "pone en evidencia no solo la fragilidad de las cuentas públicas en general sino además la falta de políticas de estado para hacer más eficiente el gasto y tener una administración equilibrada".

La recaudación, observó el legislador, "sería de poco más de dos mil millones de pesos. Una cifra muy por debajo, incluso, del resultado deficitario de la provincia en el primer cuatrimestre del año".

"La emergencia no solo es un parche para recaudar más, sino que no resuelve los problemas de fondo que tiene la provincia. Se recauda más pero no se hace más eficiente el gasto".

Además, Mattiauda advirtió que "es cuestionable la extensión de la medida: un año, es decir hasta julio de 2021, con opción a una prórroga por seis meses. En la práctica, tanto a nivel provincial como nacional las emergencias se han vuelto permanentes".

Y remarcó que "no es solidario lo que no es voluntario. La emergencia es para sostener al Estado y deja en evidencia que la provincia está mal administrada. La culpa no es solo de la pandemia, sino que existe un desmanejo financiero que se volvió crónico".

"El gobernador le pide solidaridad a los contribuyentes para sostener la mala administración de su gestión,que no empezó hace 6 meses", sentenció el diputado macrista del interbloque Cambiemos.