La Ley que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional en Entre Ríos, que al gobierno provincial le urge su aprobación en la legislatura, pone en evidencia no solo la fragilidad de las cuentas públicas en general sino además la falta de políticas de estado para hacer más eficiente el gasto y tener una administración equilibrada.

Cuando la norma se apruebe y entre en vigencia, el impacto en las finanzas públicas de lo que se “recaude” durante el tiempo que dure la emergencia, sería de poco más de dos mil millones de pesos. Una cifra muy por debajo, incluso, del resultado deficitario de la provincia en el primer cuatrimestre del año.

Es decir que la emergencia no solo es un parche para recaudar más, sino que no resuelve los problemas de fondo que tiene la provincia. Insisto: se recauda más en el corto y mediano plazo, pero no se hace más eficiente el gasto.

Es cuestionable la extensión de la medida: un año, es decir hasta julio de 2021, con opción a una prórroga por seis meses. En la práctica, tanto a nivel provincial como nacional las emergencias se han vuelto permanentes porque a los gobiernos les ha servido como excusa para no hacer las reformas necesarias y para agrandar el Estado.

Es cuestionable el carácter “solidario” con el que el oficialismo presenta la Ley ante la sociedad: no es solidario lo que no es voluntario. La emergencia es para sostener al Estado y deja en evidencia que la provincia está mal administrada. La culpa no es solo de la pandemia, sino que existe un desmanejo financiero que se volvió crónico.

Lo que hace Bordet es poner en emergencia a toda la administración pública, aumenta la presión impositiva sobre ciertos sectores, y recorta jubilaciones, pero no hace ningún anuncio sobre las reformas en las que hay que avanzar después de la pandemia.

En definitiva, el gobernador le pide solidaridad a los contribuyentes para sostener la mala administración de su gestión,que no empezó hace 6 meses. Y marca una ridícula contradicción: en vez de que el Estado sea solidario con sus ciudadanos en caso de extrema necesidad, son estos los que deben “ayudar” al Estado a mantener su estructura.

Es cuestionable que sea el propio sector pasivo el que haga un esfuerzo para sostener el sistema que tiene déficit crónico. La emergencia es la oportunidad histórica para resolver el problema de una vez por todas haciendo los cambios que se vienen postergando, algunos anunciados por el gobernador en su discurso ante la Asamblea Legislativa: la reforma de la Caja de Jubilaciones. ¿Por qué Bordet pide el esfuerzo a los jubilados y no plantea esa reforma para darle sustentabilidad, como también se lo hemos planteado desde la oposición? ¿Mejora la situación del sistema tras cumplirse el plazo de la emergencia? A la emergencia también la tiene un jubilado que cobra $ 75000 porque puede estar ayudando a algún hijo o familiar afectado económicamente por la pandemia.

Es cuestionable pedirles un esfuerzo a una planta de empleados públicos que está sobre dimensionada por responsabilidad de las diferentes administraciones. Una vez más hay que recordar que hace 5 años gobierna la provincia Bordet, que incluso en plena pandemia hizo nombramientos en cargos no esenciales, lo que advertí oportunamente.

Pero, además, desde 1983 hasta hoy el PJ gobernó Entre Ríos en 29 de los 37 años de democracia y principalmente en los últimos las gestiones dejaron las cuentas provinciales en rojo. Y lo curioso es que nunca, ninguno de los gobernadores hizo autocrítica o escuché que se hiciera cargo del desmanejo financiero. Siempre la culpa es de otro y si es de una fuerza política diferente, más culpable aún.

Es cuestionable que otra vez sea el sector productivo el que pague los platos rotos. No estoy a favor de que el campo siga siendo la caja que todos manotean cuando necesitan recursos.

Es cuestionable cobrar un impuesto a los bancos porque sabemos que lo terminarán transfiriendo a quienes utilicen sus servicios. Es decir, no solo afectará a grandes clientes sino a cualquier PYME o persona que trabaje con la entidad.

Los entrerrianos deben tener en cuenta que como así como esta Ley es un parche y no una solución, cuando salgamos de la pandemia y mientras no se resuelvan los problemas de fondo, el esfuerzo que hoy se le pide a los sectores mencionados lo deberá hacer quienes posean menos de mil hectáreas, el contribuyente común que paga ingresos brutos, los jubilados con haberes menores al tope mínimo actual, y seguramente volverán a aumentar la carga impositiva porque es la herramienta a la que los gobiernos echan mano cuando necesitan engrosar los ingresos.

No debemos quedarnos en la mera discusión de esta Ley de Emergencia que no mejora las cuentas públicas ni cambia la manera de administrar la provincia. Debemos plantearnos la situación de cara al futuro. Con la emergencia no se arreglan los problemas de fondo, y debe ser una oportunidad para empezar a solucionarlos.

(*) Diputado provincial del Pro, integrante del interbloque Cambiemos