El titular del tribunal, Martín Carbonell, respondió al reclamo del Colegio de Abogados. Aseguró que se avanzará a la apertura total con responsabilidad y que normalizar ahora todo el servicio puede ser "prematuro y riesgoso".
E
l presidente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell, respondió la nota presentada días atrás por el titular del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, quien le había cuestionado la prórroga a la rehabilitación plena del servicio de Justicia en la provincia.
Desde el inicio de la cuarentena establecida por el gobierno nacional, el STJ "ha adoptado medidas tendientes a garantizar la prestación del servicio de Justicia, resguardando la salud de los ciudadanos", resumió Carbonell, y aportó cifras del funcionamiento del Poder Judicial entrerriano en la cuarentena.
Expedientes
El magistrado destacó que los movimientos procesales pasaron de promediar los 1.500 al inicio de la cuarentena, a 10.000 durante la modalidad a puertas cerradas, llegando hoy a 25.734 movimientos con la implementación del módulo de subida de escritos; como el aumento promedio de sentencias publicadas que aumentó de 12 a un promedio de 200 por semana, en igual período.
Al hacerse una comparativa, los movimientos registrados en
los meses equivalentes al 2019: en abril hubo 23.737 y en mayo 28.287.
“Vemos con razonable prudencia avanzar hacia su total normalización, con decisiones que aseguren en forma permanente la salud de justiciables y operadores, tanto internos como externos”, sostuvo Carbonell.
Carbonell recordó también que el STJ ha dictado seis Acuerdos Especiales desde la declaración de emergencia y un número importante de resoluciones, pautas, anexos, protocolos y reglamentos -los que se encuentran compendiados y publicados en el Sitio Web del Poder Judicial.
Reapertura paulatina
También hizo mención que implementar "un proceso de gestión de apertura paulatina en un lapso inferior a los dos meses ha supuesto un desafío administrativo sin precedentes en la historia reciente del Poder Judicial de Entre Ríos, y cuyos detalles el Colegio de Abogados conoce".
En el documento enviado a Canavesio, se afirma que los
organismos se encuentran atendiendo un volumen similar a los de un período
normal, pero con equipos de trabajo afectados por pautas sanitarias.
Carbonell señaló que "por responsabilidad institucional los operadores del derecho no se pueden permitir una afirmación de tal gravedad como que las decisiones del Alto Cuerpo afectan a la ciudadanía entrerriana, realizada por autoridades del Colegio".
Asimismo, el juez afirmó que “resulta demostrativo de la no paralización de la justicia en nuestra provincia”.
El titular del STJ dio cuenta que los organismos judiciales que integran el
Poder Judicial han librado más de ciento siete millones de pesos en Órdenes de Pago Electrónicas, correspondiendo un gran
porcentaje a honorarios profesionales, y el restante, a capital para los
justiciables que han percibido lo que por derecho les corresponde.
En este contexto, y frente a los datos brindados, el
presidente del STJ sostuvo que la decisión de prórroga, que el Colegio cuestionó, "luce no sólo razonable,
sino responsable y necesaria".
"Determinar una mayor apertura sin considerar qué supone en términos de funcionamiento de los sistemas implementados, capacidad de equipos de trabajo y respeto de medidas sanitarias es, como se dijo en el Acuerdo que se discute, prematuro e innecesariamente riesgoso", concluyó el STJ.