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as dos mayores entidades del mundo empresarial entrerriano, El Consejo Empresario y la Unión Industrial, salieron a cuestionar la addenda al Pacto Fiscal 2017 que firmaron el gobernador Gustavo Bordet, junto a sus pares de todas las provincias, y el presidente Alberto Fernández.
El nuevo acuerdo implica que los mandatarios pueden frenar la baja progresiva en impuestos como Ingresos Brutos o Sellos contenida en el Consenso Fiscal, a cambio de suspender por su parte los procesos judiciales que las provincias mantienen con la Nación por la quita de recursos coparticipables hecha por Macri luego de las PASO.
Uno de los aspectos a lo que se comprometió el gobernador de Entre Ríos con Macri en 2017 era la reducción hasta
la eliminación de las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos en
determinadas actividade; la eliminación del impuesto a los
sellos, que recae sobre los contratos en todas las actividades y, para el caso
particular de Entre Ríos, la eliminación del impuesto provincial al salario (ley 4.035).
En un comunicado enviado a INFORME DIGITAL, el Consejo Empresario de Entre Ríos recordó que "el acuerdo
era que a partir del año 2020 las alícuotas de Ingreso Brutos se eliminarían
para las actividades primarias e industriales".
Sin embargo, consideran que el nuevo acuerdo con Fernández "significa no cumplir con la promesa asumida"
y además se "concede la posibilidad de incrementar las alícuotas del impuesto a la transferencia de inmuebles, automotores y la implementación de nuevos tributos específicos que graven la transferencia de energía y servicios sanitarios".
El impuesto a los Ingresos Brutos es el que mayor perjuicio
causa a la economía porque grava todos los eslabones de las cadenas
productivas, sus alícuotas se acumulan en cada eslabón gravado,
encareciendo en exceso los costos de producción y el costo de vida", advierte el CEER.
El Consejo Empresario de Entre Ríos finalmente solicita "el
cabal cumplimiento del Consenso Fiscal sancionado por ley en 2017, entendiendo que la reducción de la presión fiscal y la
eliminación de los impuestos distorsivos de la economía así como también el
reclamo genuino de coparticipación nacional que le corresponde a Entre Ríos son
indispensables para motorizar un desarrollo genuino y sostenible de la provincia".
Por su parte, en su respectivo comunicado enviado a INFORME DIGITAL, titulado "Para volver a crecer y crear trabajo, la industria no
resiste más presión impositiva", la Unión Industrial de Entre Ríos manifestó su "preocupación por los incrementos impositivos que comienzan a aplicarse en los
diferentes estamentos del Estado y los que vendrán, de la mano de la suspensión
del Consenso Fiscal 2017 que definía su reducción gradual".
"Dada la necesidad de
reactivar la economía, generar valor y volver a crear puestos de trabajo, la
industria ya no soporta mayor presión tributaria que la existente", remarcan en la UIER.
El documento industrial observa que "tanto Nación, como Provincia y municipios, generan una red
asfixiante de impuestos y tasas que significan, en promedio, el 50% de los
costos de los bienes y servicios que se consumen en la Argentina" consideran que "más
aumentos y otra vez cambios en las reglas de juego cercenan la posibilidad de
realizar nuevas inversiones y de impulsar políticas expansivas dentro de las
empresas".
Para la UIER "es clave comprender que la industria es el sector que genera
más empleo registrado privado. Cada trabajador industrial implica otros dos
puestos indirectos. Además, en su conjunto representan los mejores salarios del
mercado laboral".
"La baja impositiva comprometida hace sólo dos
años por Nación y Provincia debe continuar y es indispensable
que los municipios entrerrianos se comprometan", dicen los industriales.
Según estos empresarios, los intendentes deben cumplir con "un Pacto Fiscal que reduzca
estratégicamente los porcentajes de tasas y contribuciones, hasta igualar a los
de municipios como Córdoba y Santa Fe con mayor competitividad e impulso productivo".
Como alternativas al cobro de Ingresos Brutos, los industriales sugieren que "el poder político debe sumarse
con medidas que traccionen la economía", como "reducir el gasto público improductivo, morigerar la presión impositiva
y lograr previsibilidad en las reglas económicas".
