El gobernador Gustavo Bordet recibió la reglamentación de la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y pronto firmará el decreto para que entre en vigencia.
J
unto al vicegobernador Adán Bahl; las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta; de Gobierno, Rosario Romero, y de Salud, Sonia Velázquez, y la senadora nacional Sigrid Kunath, el gobernador Gustavo Bordetparticipó en el plenario del Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias (Coprev), que se realizó en el Salón de los Gobernadores, y allí la secretaria de ese organismo, Mariana Broggi, le entregó la propuesta de reglamentación de la Ley 10.058 que adhiere a la Ley nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Esta propuesta define competencias, propone más celeridad en
los procesos, plazos breves para el dictado de las medidas (dentro de las 24
horas), establece que siempre deberá tomarse el trámite equivalente al de una
denuncia y prevé campañas de educación y capacitación. Trata de
hacer de esta ley nacional una norma aplicable a nuestra provincia, vinculando
la normativa existente y profundizando el trabajo de todos los poderes del
Estado, indica el comunicado oficial enviado a INFORME DIGITAL.
En el encuentro también participaron la presidenta del Copnaf, Marisa Paira; el procurador General del Ministerio Público Fiscal, Jorge García; el defensor del Ministerio Público de la Defensa, Maximiliano Benítez; la presidenta municipal de Feliciano, Silvia Moreno, el vocal del CGE, Gastón Etchepare, y la diputada Emilce Pross. Además asistieron representantes del Centro Judicial de Género, de colegios profesionales, universidades y organizaciones sociales.
La reglamentación funciona como herramienta para cada uno de
los organismos que intervienen en las situaciones, definiendo quién que se
ocupa de que cada uno de los derechos garantizados en la ley, brindando
previsibilidad y claridad.
Bordet señaló que "desde el inicio de la gestión hemos tenido un compromiso muy fuerte para la erradicación de la violencia de género. Entendemos que hay situaciones que hoy son inaceptables en nuestra sociedad y que antes quizás estaban naturalizadas”.
Respecto de la Justicia, dijo que "todo lo que está previsto en la ley, lo que se ha reglamentado ahora, tampoco sería efectivo si el Poder Judicial no hubiese tomado, como sucede en Entre Ríos, la decisión firme de poder actuar en los casos de violencia de género y esto también se ha visto reflejado en numerosos casos que ha tenido que actuar la justicia. Es fruto también justamente de este trabajo articulado que se ha llevado adelante".
A su turno, el vicegobernador Adán Bahl afirmó que “esta propuesta da cuenta del compromiso político de nuestro
gobierno, de nuestra provincia en la erradicación de la violencia contra las
mujeres. En los
próximos años será una herramienta fundamental para coordinar las acciones de
prevención y protección de la violencia contra las mujeres a nivel local con
todos los organismos de la provincia y la nación que estén trabajando en el
tema”.
También la ministra Laura Stratta destacó "este modo de trabajar y gestionar desde una mirada interministerial e intersectorial para generar respuestas integrales a las demandas sociales. Esta propuesta de reglamentación es el resultado de un camino transitado junto a diferentes actores de la sociedad, con los que pudimos construir consensos, intercambiar saberes, perspectivas y experiencias que enriquecieron el trabajo”.
La senadora nacional Kunath, por su parte,
aseveró que “desde la conformación del Coprev, allá por el 2012, hay
muchas integrantes que siguen permaneciendo con su representación en el Consejo,aunque
tal vez hoy nos acompañan representando a otra institución, desde otro lugar,
pero la verdad eso también habla a las claras del sostenimiento de las acciones
que se han podido conformar y a través de las definiciones que se han ido
tomando”.
En tanto, la secretaria del Coprev, Mariana Broggi, agregó: “ reglamentar una ley, más allá de lo jurídico, implica dar vida a lo que venimos desarrollando hace varios años, con la letra y la forma para saber con quién vamos a trabajar, sus responsables y con qué recursos. Esto también significa ratificar la decisión política de la provincia de Entre Ríos para ordenar y dar forma a lo que muchos equipos técnicos y profesionales lleva adelante todos los días en su trabajo”.
La reglamentación define cuál es la responsabilidad de los organismos provinciales y establece que en el territorio provincial la autoridad de aplicación será el Coprev. En cuanto a las políticas públicas se prevé específicamente las competencias de cada área, entre ellas: la Secretaría General de la Gobernación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el Consejo General de Educación (CGE), la Policía de Entre Ríos, la Secretaría de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Pone especial énfasis en la importancia del acceso a la justicia y en cuanto a la celeridad de los procesos prevé específicamente que deben evitarse los pasos excesivamente burocráticos en la violencia de género, para lograr agilidad y plazos breves en el dictado de las medidas.
En el ámbito de las denuncias, establece que puede realizarse ante la Policía, cualquier juez, el Ministerio Público Fiscal y la Oficina de Violencia de Género (OVG). Para ello se instrumentará una planilla de denuncia unificada. Además plantea que siempre que se presente una persona a informar, exponer o denunciar hechos que puedan entenderse como de violencia contra la mujer, se dará el trámite equivalente al de una denuncia, no de exposición policial.
En ese camino dentro de las 24 horas de recibida la denuncia el juez dispondrá medidas de protección que deberán establecerse teniendo en cuenta la gravedad y el riesgo existente en el caso, pudiendo prorrogarse las veces que resulte necesario conforme la situación lo justifique, de oficio o a pedido de parte.
Asimismo se define que en todos los casos deberá intervenir un equipo interdisciplinario que realice el informe de riesgo, el equipo debe pertenecer a la administración pública provincial o municipal o al Poder Judicial y estará integrado por profesionales especializados en la problemática de violencia de género.
A modo general esta propuesta recoge las concepciones vertidas en la ley de identidad de género.