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a frase del gobernador Gustavo Bordet en el discurso oficial por el Día de la Bandera 2016 en Federal es recordada en el mundo político: “los actos transparentes de gobierno deben ser un norte, y en Entre Ríos no puede ni debe haber lugar para la corrupción ni para quienes se aprovechan de los bienes del Estado. Esa será una consigna que marcará mi gestión de gobierno”.

Hoy, casi tres años después y de cara a las elecciones provinciales, desde Cambiemos le recordaron su premisa y le señalaron que uno de los precandidatos que lleva en su frente justicialista Creer Entre Ríos está procesado y embargado nada más y nada menos que por el juez federal Claudio Bonadío.

Se trata del intendente de Hasenkamp, Juan Carlos Kloss (PJ), que competirá en las PASO del oficialismo por la candidatura a senador por el departamento Paraná. El jefe comunal se medirá con Marcelo Casaretto, presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), y con Miguel Ruberto, periodista agropecuario, que también pretenden la senaduría por el peronismo.

Kloss está procesado y embargado por el juez de Comodoro Py en una causa que investiga presunto desvío de fondos de un programa ambiental de la Nación, durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El magistrado también procesó a Luis Dume, alcalde de Oro Verde; y a los ex intendentes de Gualeguay, Luis Erro, y de San Benito, Rubén Ángel Vázquez.

El que apuntó al gobernador por la precandidatura del intendente procesado es el actual senador del departamento Paraná, Raymundo Kisser (Cambiemos-UCR), oriundo de misma localidad de Kloss: Hasenkamp.

“No me extraña que Bordet nomine o acepte candidaturas con procesos. No está prohibido por la ley, pero él cuando asumió dijo que todo el que estuviera mínimamente sospechado iba a ser inmediatamente separado del cargo hasta que se aclare su situación. Esto no lo cumplió”, consideró el legislador radical.

Y añadió: “no lo digo sólo por Kloss, sino también por hechos como haber aceptado que (Sergio) Urribarri siga al frente de Diputados. El gobernador por Constitución tiene automáticamente la mayoría de diputados para tener una gobernabilidad, y esto significa que debería poder decidir la presidencia”.

En cuanto a la precandidatura de Kloss, el senador de Hasenkamp admitió que “tiene una imputación con procesamiento, no sé si lo habrá apelado o no, no he tenido diálogo con él sobre este tema” y aseguró que la ley no le impide competir electoralmente: “candidato podría ser, porque sino (José) Allende no podría ser legislador ni Urribarri podría ser candidato como seguramente va a ser”.

“Podría ser candidato porque el Pacto de San José de Costa Rica lo protege, como la protege a Cristina Fernández de Kirchner”, comparó el legislador de Paraná Campaña. 

En cuanto a los hechos que se le imputan al intendente de Hasenkamp, Kisser observó: “si puede constituir delito habrá que verlo más adelante. Estoy seguro de que Kloss no se quedó con un peso, pero el problema está en que utilizó la plata para algo que no estaba autorizado”.

“Si lo mandan a comprar una compactadora y en vez de eso hizo un galpón, la plata no se malgastó, pero el Código Penal es rígido, dice que la plata tiene que ir para lo que corresponda. Y ahí puede estar la equivocación de Kloss”, explicó el senador radical.

La causa

El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete: los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU). Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales”, según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

Bonadio citó a indagataria a un centenar de intendentes que habían aplicado esos programas, entre ellos el entrerriano Kloss. Es que los fondos eran girados directamente desde las arcas del tesoro nacional al municipio que llevara adelante tales medidas a favor del Medio Ambiente, a partir de un convenio y luego de que la administración local presentara un proyecto ajustado a cada programa. Luego, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación aprobaba el informe y luego se realizaba la transferencia de fondos.