La Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Sociedad Rural de Jesús María(SRJM), con el apoyo otras entidades rurales. presentaron un recurso de amparoen los Tribunales Federales de Córdoba para frenar el cobro de las retencionesa los granos y subproductos a partir del 1° de enero de este año hasta que elCongreso fije la nueva modalidad.
“Recurrimos a un amparo después de haber exhortado al Poder Ejecutivo yal Legislativo desde el 8 de enero pasado, cuando advertimos que no haysustento reglamentario para el cobro del impuesto. Trabajamos estas semanas enesta crítica situación para exigirle al Poder Judicial que nos dé la razónporque las argumentaciones presentadas son contundentes”, dijo NicolásPino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, en una conferencia de prensa.
“Las retenciones son inconstitucionales y paraque un tributo exista, debe existir la ley que avale ese tributo”, disparóel ruralista.
Según explicó el dirigente, decidieron ir a la Justicia porque tantodesde el Ejecutivo como de los legisladores no tuvieron respuestas ante elplanteo de que cese el cobro de este impuesto que se inició el 8 de enero deeste año en la asamblea de productores en Armstrong (Santa Fe), que estuvoliderada por la mesa de enlace con productores.
Nicolás Pino, presidente de la SRA y Marcos Pereda, vicepresidente de laSRA.
“Charlamos con muchos legisladores a quienes le expresamos nuestropunto de vista. Les pedimos que traten este tema en extraordinarias y no pudoser. Desde nuestro lugar le se lo seguimos pidiendo porque es una obligaciónasumir su responsabilidad y trabajar en este tema”, destacó Pino ante la consultade Clarín, quien agregó que solamente el amparo fue presentado por dosentidades porque “no todas las entidades tienen capacidades técnicas parahacerlo”.
Según argumentaron las entidades, el 31 de diciembre de 2021 venció elplazo fijado en el art. 52 de la Ley de Emergencia Pública dictada en diciembrede 2019 (Ley 27.541) que permite al Presidente de la Nación fijar derechos deexportación.
Ante el vencimiento de ese plazo, el Gobierno incluyó en el proyecto deley de presupuesto para el año 2022 una prórroga por dos años de esa facultad,pero ese proyecto fue rechazado en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, lalegislación que habilitaba al Poder Ejecutivo a fijar retenciones ha concluido.
Por lo que argumentaron que según lo dispone la Constitución Nacional, ytal como lo reconocen los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de laNación, más aún los últimos fallos de la materia, las retenciones a laexportación, por ser manifestaciones del poder tributario del Estado, solopueden ser exigidas por ley del Congreso, y el Poder Ejecutivo tiene prohibidasu creación en cualquier circunstancia.
“En estos últimos años, agregaron, el Gobierno fijó las retencionesporque así lo había habilitado la última ley de emergencia antes referida. Peroesa facultad de emergencia, por naturaleza transitoria, ha vencido por el merotranscurso del plazo fijado”, aseguraron desde la entidad.
Lo que dice el archivo
Pelea por las retenciones
Esta pelea por las retenciones es clave para el Gobierno ante la faltade dólares y el déficit fiscal que enfrenta. A pesar del recorte productivoconsecuencia de la sequía, dada la suba en los precios, un nuevo informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que las exportaciones de granosy derivados podrían ser de US$ 38.900 millones en la nueva campaña, US$ 1.400millones más que lo proyectado hace cinco meses.
Del mismo trabajo, según consigna Clarín, se desprende el fuerte impacto que tienen lasretenciones para el gobierno. Para 2022, entre los 6 cadenas agroindustrialesmás importantes, se estima que el año finalizaría con un aporte en retencionescercano a US$ 9.311 millones, una cifra similar a la del año 2021, apenas US$ 200millones superior. Para destacar, en 2021 las retenciones representaron el 8,8%de la recaudación tributaria nacional.
Lo que dice el archivo
Por su parte, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, otra entidadde la mesa de enlace, apoyó la presentación judicial que realizaron la SRA y laSRJM. “Coincidimos en todasacciones que demuestren nuestra convicción, de que las retenciones son nocivaspara la producción. Y si en este caso hay un fundamento jurídico que losustente, nosotros lo apoyamos”, analizó.
Iannizzotto espera que “esta decisión no entorpezcaotras acciones que queremos seguir gestionando frente al gobierno”.
De todas maneras, Ianozzotto remarcó que la judicialización de temas muy ligado alo político “se convierten en letra muerta, o sea, se cajonean”.
Por último, Pino adelantó que los ruralistas se reunirán en estosdías con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y pondrán a este tema enla agenda.
