“Tengo la conciencia tranquila”, afirmó el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante un receso del juicio oral que enfrenta por el supuesto intento de golpe de Estado tras su derrota electoral ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Asegura que es víctima de una “persecución política” y criticó la acusación al sostener que se basa, según él, en el testimonio de “solo un colaborador”.
El expresidente tenía derecho a guardar silencio, aunque había anticipado que contestaría “sin ningún problema” a las preguntas del tribunal.
Este lunes se inició una nueva etapa del juicio, enfocada en los procesados. En esta fase, el primer testigo en declarar fue el teniente coronel Mauro Cid, mano derecha de Bolsonaro, quien reiteró que existía un plan para declarar un estado de sitio y convocar a nuevas elecciones tras los comicios de 2022.
Según su testimonio, Bolsonaro “recibió y leyó” un documento elaborado por sus asesores, que planteaba la detención de autoridades y la creación de un nuevo consejo electoral para repetir las elecciones ganadas por Lula. Además, afirmó que el expresidente “ajustó” el texto para que “solo usted quedara preso”, refiriéndose al juez Alexandre de Moraes.
Al oír esa afirmación, el expresidente soltó una risa en la sala, lo que provocó una ironía por parte del juez, quien respondió: “las demás autoridades habrían sido beneficiadas por un habeas corpus”.
Cid también testificó que el general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y excandidato a vicepresidente, le entregó dinero oculto en una caja de vino. Según la Policía Federal, esa suma estaba destinada a financiar una operación militar secreta para asesinar a Lula, al propio Moraes y al vicepresidente Geraldo Alckmin.
El líder de la derecha brasileña, Jair Bolsonaro, actualmente se encuentra inhabilitado para participar en las elecciones de 2026 y enfrenta una posible condena de hasta 40 años de prisión. A principios de febrero, la Fiscalía General presentó cargos formales en su contra por delitos como intento de golpe de Estado, organización criminal armada y otros delitos. Además, tiene prohibido ocupar cargos públicos hasta 2030 tras cuestionar sin pruebas el sistema de votación electrónica.
A más de 80 testigos han sido convocados, incluyendo altos mandos militares, exministros, policías y funcionarios de inteligencia, citados tanto por la acusación como por las defensas. Los interrogatorios a los acusados comenzaron este lunes y se llevarán a cabo de manera presencial hasta el 13 de junio, al finalizar dos semanas de audiencias de testigos.
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