Julio Segundo Rigau fue detenido en un cajero automático del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en pleno centro de la ciudad de La Plata, justo en el momento en que se encontraba con 48 tarjetas de débito con las claves de seguridad en su poder, además de $ 1.257.000 en efectivo que habría extraído de los plásticos utilizando el límite diario de $ 30.000.
Según consigna TN, un parte policial indica que esas tarjetas pertenecen a empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, ubicada a una cuadra del cajero donde se detuvo a Rigau.
Junto con el dinero, el detenido fue encontrado con tickets del cajero que dan cuanta la existencia de una rutina metódica de extracción masiva desde que la Cámara Baja bonaerense depositó los sueldos, el 4 de septiembre.
Cabe destacar que entre los titulares de las tarjetas donde se depositan estos salarios de la Cámara de Diputados, habría hombres y mujeres de distintas edades, oriundos de La Plata, Tolosa, Berisso y Ensenada, y otras zonas, como Tigre o Hurlingham.
Como parte de la investigación, se busca dilucidar el grado de conocimiento o participación que tienen los presuntos afectados, cuyos sueldos oscilan, en promedio, los $ 550.000.
Julio Segundo Rigau se encuentra detenido en una comisaría de La Plata por orden del juez de Garantías Federico Guillermo Atencio, a pedido de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, acusado de presunta defraudación reiterada.
Este caso tiene cierta similitud con lo ocurrido en la provincia de Entre Ríos, justamente con la causa denominada Contratos Truchos, que salió a la luz octubre de 2018, con los allanamientos realizados a dos estudios contables que, posteriormente, se conoció que estaban vinculados a la legislatura de la provincia.
Estos estudios contables trabajaban administrativamente para un sistema ilícito de contrataciones que se realizaba en el seno de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, pero se cobraba justamente en dichos estudios.
El mecanismo funcionó entre 2008 y 2018 y el cálculo oficial del perjuicio a las arcas del Estado asciende a 2.000 millones de pesos.
La causa llegó a implicar hasta el propio ex gobernador Sergio Urribarri, y desencadenó la destitución de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, quien se encargaba de la investigación, pero posteriormente se demostró que tenía un estrecho vínculo con uno de los estudios involucrados, del cual su esposo, Sebastián Orlando Bertozzi, era socio.
