Julio Segundo Rigau fue detenido en un cajero automático delBanco de la Provincia de Buenos Aires, en pleno centro de la ciudad de LaPlata, justo en el momento en que se encontraba con 48 tarjetas de débito conlas claves de seguridad en su poder, además de $ 1.257.000 en efectivo quehabría extraído de los plásticos utilizando el límite diario de $ 30.000.
Según consigna TN, un parte policial indica que esastarjetas pertenecen a empleados de la Cámara de Diputados de la provincia deBuenos Aires, ubicada a una cuadra del cajero donde se detuvo a Rigau.
Junto con el dinero, el detenido fue encontrado con ticketsdel cajero que dan cuanta la existencia de una rutina metódica de extracciónmasiva desde que la Cámara Baja bonaerense depositó los sueldos, el 4 deseptiembre.
Cabe destacar que entre los titulares de las tarjetas dondese depositan estos salarios de la Cámara de Diputados, habría hombres y mujeresde distintas edades, oriundos de La Plata, Tolosa, Berisso y Ensenada, y otraszonas, como Tigre o Hurlingham.
Como parte de la investigación, se busca dilucidar el gradode conocimiento o participación que tienen los presuntos afectados, cuyossueldos oscilan, en promedio, los $ 550.000.
Julio Segundo Rigau se encuentra detenido en una comisaríade La Plata por orden del juez de Garantías Federico Guillermo Atencio, apedido de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, acusadode presunta defraudación reiterada.
Este caso tiene cierta similitud con lo ocurrido en laprovincia de Entre Ríos, justamente con la causa denominada Contratos Truchos,que salió a la luz octubre de 2018, con los allanamientos realizados a dosestudios contables que, posteriormente, se conoció que estaban vinculados a lalegislatura de la provincia.
Estos estudios contables trabajaban administrativamente paraun sistema ilícito de contrataciones que se realizaba en el seno de la Cámarade Senadores y la Cámara de Diputados, pero se cobraba justamente en dichos estudios.
El mecanismo funcionó entre 2008 y 2018 y el cálculo oficialdel perjuicio a las arcas del Estado asciende a 2.000 millones de pesos.
La causa llegó a implicar hasta el propio ex gobernadorSergio Urribarri, y desencadenó la destitución de la procuradora adjuntaCecilia Goyeneche, quien se encargaba de la investigación, pero posteriormentese demostró que tenía un estrecho vínculo con uno de los estudios involucrados,del cual su esposo, Sebastián Orlando Bertozzi, era socio.
