Hay un comentario, extendido y probado en la provincia deEntre Ríos, que la familia Etchevehere tiene por costumbre no pagar. No pagar alos trabajadores de sus empresas, no pagar a sus proveedores, no pagar a sus abogadosy una larga lista de etcéteras; no pagar.
Dolores Etchevehere no pudo haberlo dicho mejor, en ladenuncia que presentó contra su madre y sus hermanos por haberla despojadocompletamente de sus derechos hereditarios: “Tienen la mala costumbre de no pagarsus deudas”.
Ahora se dispuso el embargo de las cuentas bancarias de JuanDiego Etchevehere y los herederos de su padre, Luis Félix Etchevehere, por unadeuda de honorarios a los abogados que intervinieron en la causa por lausurpación de una porción de 65 hectáreas perteneciente a la ex estancia LosQuebrachos, que arrendaba el productor agropecuario José María Morcillo, hastaque fue expulsado por los demandados.
La causa se resolvió con una probation para Juan DiegoEtchevehere y una indemnización para el productor agropecuario por los daños yperjuicios ocasionados, pero trece años después los abogados todavía no hanpodido cobrar los honorarios que con intereses suman 1.326.075 pesos, segúnpudo saber Página Judicial.
La ejecución fue promovida tanto por los representantes deMorcillo como por los defensores de los Etchevehere, y la justicia dispuso estasemana el embargo de las cuentas de Las Margaritas SA, el conglomeradoproductivo de la familia, a raíz de que han rehusado efectivizar el pago de loshonorarios. De hecho los Etchevehere ni siquiera abonaron los honorarios a losabogados que los representaron ni al perito que intervino en esa causa.
La historia se remonta al año 2007, cuando los Etchevehere,a través de Las Margaritas SA, compraron esa porción de campo que habíapertenecido al ex Frigorífico Regional Santa Elena y en ese momento estaban enposesión de la Escuela Agrotécnica Paraje Quebracho.
Esa operación fue, por lo menos, polémica. El gobernadorGustavo Bordet anunció recientemente que investigará si la venta de esastierras se hizo a un valor inferior al que tenían en ese momento –durante eltercer mandato de Jorge Busti– y si la familia Etchevehere después se apropióde otra porción del campo de manera ilegal.
En 2005 Morcillo había firmado un contrato de arrendamientocon el entonces director de la escuela, que se extendería hasta el 31 de mayode 2010. Pero un día de 2007, el productor agropecuario llegó hasta el campo,como lo hacía casi a diario para controlar la evolución de su cultivo de lino,y se encontró con candados y cadenas en los accesos. Unos días después ya sehabían instalado tres personas que cargaban escopetas al hombro y, en tonoamenazante, le dijeron que el campo era de Etchevehere y que se retirara.
Un escribano constató además que una vez que se apropiarondel campo, Luis Félix Etchevehere y su hijo Juan Diego destrozaron el sembradode lino que había realizado Morcillo, romeándolo y trabajando encima contractores.
El hecho motivó dos procesos judiciales: uno destinado a quelos responsables de la usurpación y daño de los cultivos sean sancionadospenalmente y otro a que Morcillo reciba una compensación por las pérdidasocasionadas.
La causa penal terminó en una suspensión del juicio aprueba, en el medio del cual Luis Félix Etchevehere falleció y su hijo JuanDiego aceptó pagar 3.000 pesos en concepto de reparación por el daño causado;cumplir tareas no remuneradas como abogado de las personas que concurrían a uncentro de integración comunitaria de la Municipalidad de Paraná durante doshoras semanales y por un lapso de dos años; y hacer un aporte mensual de cienlitros de combustible para la ambulancia del Hospital de Santa Elena.
En la demanda civil, en 2019, la justicia condenó a losEtchevehere a pagarle a Morcillo una indemnización de 367.049,14 pesos másintereses. “Ni el carácter de dueña ni mucho menos el de compradora, autorizabaa Las Margaritas ni a ninguno de sus socios, representantes o empleados aturbar la tenencia de Morcillo”, dijo el juez. La sentencia también determinóque los Etchevehere debían pagar las costas del proceso y los honorarios a losprofesionales que intervinieron en el proceso. Pero ni los representantes deMorcillo, ni el perito ni sus propios abogados pudieron cobrar.
