
Tras la insólita audiencia postergada este miércoles en donde uno de los imputados aseguró que estaba cursando Covid-19, se retomó este jueves la audiencia por el crimen de Gonzalo Calleja, una hora después de lo previsto y en medio de dificultades técnicas por las que el juez Ricardo Bonazzola pidió reiteradas disculpas.
Si bien el fiscal Santiago Alfieri solicitó 90 días de prisión preventiva, el juez Bonazzola finalmente dictó 45 días de prisión preventiva domiciliaria con tobilleras electrónicas. No obstante, al no haber disponibilidad de los dispositivos, según informó, los imputados cumplirán la medida cautelar en la Unidad Penal N°1 de Paraná hasta contar con las tobilleras, lo cual estimó podría ser entre una semana y 10 días, ante la consulta de la defensa de Osuna.
Así lo anunció pasadas las 00.14 de la madrugada de este viernes, luego de un cuarto intermedio de más de media hora para resolver. Finalmente, la audiencia culminó a las 00.36.
“Tengo por cumplimentada la exigencia de la imposición de la medida cautelar”, dijo el juez. Y apuntó que hay “acreditación, con grado de probabilidad, que entiendo acreditada con el análisis y la descripción de evidencias que ha efectuado la fiscalía en su alegato y al ejercer el derecho de réplica. Y que con la provisoriedad propia de esta etapa, que no estamos juzgando la conducta de los imputados, sino su grado de participación de un hecho punible”. Y entendió que con las alegaciones de las defensas “no está rebatida”.
“Con la provisoriedad propia de esta audiencia, los argumentos defensivos, si bien valiosos, no alcanzan a juicio del suscripto a desvirtuar la hipótesis acusatoria”, agregó.
“Coincido con las defensas en cuanto al peligro de fuga que no alcanzan la mera existencia de antecedentes penales condenatorios en los imputados”, concedió el juez. “Pero sí observo y entiendo comprobado la existencia de riesgo, peligro de entorpecimiento de la investigación, que es incipiente, reciente, falta mucho por investigar, hay testigos que pueden surgir y aportar elementos de importancia al esclarecimiento del hecho y se circunscriben a la zona o barrio donde habitan los imputados y donde habría ocurrido el hecho”, acotó. “Es menester cautelar proteger estos testigos; entiendo que con los imputados en plena libertad constituye un obstáculo”, completó.
“La investigación es incipiente, falta mucho por investigar, falta el hallazgo de elementos de gran importancia, como el celular de la víctima, el vehículo en el cual habría sido traslado hacia el lugar de destino final; y la fiscalía debe poder contar con todos los elementos para ello con la tranquilidad necesaria de que los imputados no entorpezcan esa investigación”, ahondó.
En ese punto, Cozzi pidió interponer un recurso de apelación in voce, que fue concedido por el juez Bonazzola, y al que adhirió la defensa de Osuna. Esta última, además, sugirió “poner policías” para monitorear el cumplimiento de la prisión domiciliaria, e incluso hizo mención a la posibilidad de comprar una tobillera.
A su turno, también la defensora Álvarez presentó un recurso de apelación.
La audiencia
Al comenzar el debate, el juez informó que los hisopados de los imputados Ezequiel Morato, Iván Garay y Ramiro Colman dieron negativos. En ese marco, Bonazzola aludió a lo que había sucedido el día anterior, y marcó la gravedad del hecho, teniendo en cuenta que Alberto Osuna había asegurado haber notificado de su contagio al momento de su detención.
“No puedo dejar de señalar lo que considero una situación de inusitada gravedad”, dijo al referirse a la situación ocurrida el día anterior. Y marcó: “La sorpresa que significó para el suscripto y para los funcionarios de OGA que en el principal salón de audiencias del Poder Judicial de la provincia se haya dado comienzo a una audiencia y se haya hecho partícipe de la misma a una persona afectada de Covid-19”.
“Fue una irregularidad grave. No voy a abrir debate sobre el tema, pero si algún funcionario lo sabía y lo ocultó, entiendo que es grave. Espero que las autoridades pertinentes, que obviamente están en conocimiento de lo sucedido, tomen cartas en el asunto y deslinden las eventuales responsabilidades administrativas, disciplinarias y/o penales que correspondan por este lamentable e inaudito caso. Se pudo poner en riesgo la salud de funcionarios policiales, judiciales y abogados”, dijo para finalizar y comenzar a tomar los datos de los dos imputados que restaban, y manifestar sentirse “abochornado”.