La reforma laboral que impulsa Javier Milei generó fuertes tensiones con las provincias y el movimiento sindical. Pero esos no son los únicos frentes: según un informe técnico, la iniciativa tiene un impacto fiscal y financiero que podría desfinanciar al Estado, la seguridad social y las obras sociales. El diagnóstico proviene de un documento elaborado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el gremio que agrupa a los trabajadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que cuantifica el “costo oculto” del proyecto oficial.
El documento del sindicato que conduce Pablo Flores, al que accedió PERFIL, plantea cambios estructurales que definirán el futuro de los gremios y de las provincias si la ley se aprueba. Medidas centrales, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), equivalen a 3 puntos de la masa salarial, financiados mediante una reducción de 3 puntos en las contribuciones patronales. Eso no afecta al empleador, pero sí al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El Artículo 163.º (Reducción de Contribuciones Patronales de 20.40% a 17,40% para empleadores del rubro Servicios y de 18% a 15% para el resto de los empleadores privados, para el empleo ya registrado) constituye un beneficio para el empleador y configura la segunda pérdida para la seguridad social. Esta modificación afecta a los cuatro subsistemas.
En ese rubro, la pérdida fiscal asciende a 4.645.985 millones de pesos, equivalente al 0,462% del PBI, una cifra nada despreciable. En la misma línea, la reducción del impuesto a las Ganancias a sociedades y la eliminación del cedular implican una pérdida de 2.770.009 millones de pesos, el 0,275% del PBI.
La derogación parcial de impuestos internos y específicos también golpea las arcas estatales: representará una reducción de 417.275 millones de pesos, equivalente al 0,042% del PBI.
Además, la disminución de un punto en el financiamiento de las obras sociales, según el informe, no afecta la recaudación pero supone un fuerte impacto para los servicios de salud de los trabajadores, tanto en prepagas como en obras sociales sindicales: 1.628.503 millones de pesos, el 0,162% del PBI.
También se ve afectada la masa de presupuesto coparticipable: el monto disponible para distribuir entre las provincias se reduciría en 3.187 billones, tomando como base un índice de apropiación de 0.5736 de la masa coparticipable contemplada en el proyecto de Ley, integrada por los ítems de ganancias (sociedades y cedular) y los impuestos internos.
Según la estimación de AEFIP las provincias más perjudicadas serían: Buenos Aires, $397.257 millones; Santa Fe, $161.673 millones; Córdoba, $160.628 millones; Chaco, $90.244 millones; y, cerrando el ranking principal, Entre Ríos, con $88.327 millones.
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