El juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, no hizolugar a la recusación del fiscal Oscar Sobko solicitada por los abogadosdefensores de Dolores Etchevehere, quien está imputada en una causa porusurpación y desobediencia judicial tras los hechos ocurridos en la segundamitad de octubre de 2020 en la estancia Casa Nueva, en el Paraje El Quebraho,en el acceso a Santa Elena.
La recusación había sido planteada en la audiencia que serealizó el miércoles 6 del actual en los Tribunales de La Paz citada para pedirla remisión a juicio de la causa contra Dolores Etchevehere que se originó trasla ocupación y posterior desalojo judicial de la estancia Casa Nueva, en ParajeEl Quebracho, en el acceso a Santa Elena, en octubre de 2020.
En su resolución, el juez Carballo sostiene que “en cuanto alas otras causas, y en materia penal la Sra. Dolores Etchevehere habríarealizado las denuncias correspondientes, y con respecto a esta causa, no se haexplicado al menos en el desarrollo de la audiencia y hasta ahora, por quéhabría ingresado a Casa Nueva sin una autorización de la Sociedad, y en el casoconcreto dónde se encuentra en este hecho la violencia de género por ellasufrida”, publicó Entre Ríos Ahora.
Luego, señala que “en materia penal, por el principio delegalidad, para que los hechos tengan relevancia penal deben estar configuradosen algún tipo penal. Hoy en día en materia penal, salvo que la violencia degénero esté expresamente contemplada en algún tipo penal específico como sucedecon el femicidio o femicidio y las lesiones dolosas agravadas en contexto deviolencia de género, la ausencia o presencia de violencia de género puedeoperar como atenuante o agravante respectivamente, en el cálculo de la dosispunitivas, pero crear una contextualización de género no estando prevista en elCódigo conspiraría con el principio de legalidad y con los derechos de losimputados y las víctimas”.
Más adelante, destaca que “también se hizo referencia quehabría falta de objetividad porque no se le ofrecieron las “salidasalternativas” a los imputados; siendo que en el caso de la suspensión deljuicio a prueba, es un derecho que tiene el imputado de solicitar la misma anteel Juez, independientemente de lo que sostenga la Fiscalía, y en audiencia seconsiderará la pertinencia o no de la solicitud. Respecto de las otras salidas,conciliación o juicio abreviado, tienenque estar de acuerdo las partes para que se produzca, por lo que aquí tampocoveo una pérdida de la objetividad”.
Y concluye que “en suma, por estas razones me llevan aconsiderar que no debe hacerse lugar a la recusación impetrada, debiendorechazarse la misma por lo expresado anteriormente”.
Ese trámite había tenido varios aplazamientos. Debióconcretarse el 23 de agosto; pero fue aplazada. Se reprogramó para el 6 deseptiembre. Tampoco pudo ser. Luego, se reubicó en la agenda y se fijó el 20 deseptiembre. No fue ese día. Finalmente fue el miércoles 6, pero lo que se esperaba como un trámite deremisión a juicio derivó en un planteo recusatorio hacia el fiscal.
La toma de aquel campo se produjo el 15 de octubre de 2020 ysuscitó la atención nacional, puesto que contó con el apoyo e impulso deldirigente del movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) y abogado JuanGrabois. A raíz de esa situación, la madre de Dolores Etchevehere y responsablede Las Margaritas SA, dueña de Casa Nueva, Leonor María Magdalena BarberoMarcial la denunció en la Justicia.
Al campo también ingresó el abogado porteño Facundo Taboada,también imputado en la causa que tramita la Fiscalía de La Paz, y un grupo 40personas del MTE. Dos semanas después, el 29 de octubre, la vocal del Tribunalde Juicio y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, dispuso el desalojode los ocupantes. Entonces, todos los integrantes fueron retirados, pero sóloDolores Etchevehere se negó a acatar la orden de la magistrada y por ello se leimputó el delito de desobediencia judicial.
El fiscal Sobko fue recusado por tres causales: la pérdidade objetividad, por no haber aplicado perspectiva de género en la investigacióny por falta de criterio para resolver el caso, puesto que pretende llevar adebate oral y público un delito que suele resolverse por vías alternativas,como una probation. El planteo lo formularon los abogados de Dolores, PatricioCozzi, Lisandro Mobilia y Daniela Berón.
Los abogados defensores de ambos interpusieron la recusaciónal fiscal Sobko, quien encabezó la investigación, por entender que perdióobjetividad durante la misma. Consideraron que el fiscal se adelantó adeterminar en varios pasajes del escrito de remisión a juicio que Dolorescarece de derechos hereditarios sobre el inmueble en conflicto. Resaltaron losdefensores que ello “lo debe determinar el juez de la sucesión del patrimoniode Félix Etchevehere”.
Plantearon que el fiscal partió de un “prejuicio” contraDolores, ya que la tildó de mentirle a las personas que la acompañaron en el ingresoa la estancia de que tenía derechos sobre el campo. Para los defensores esapostura revela una “falta de persepectiva de género” y aseguraron que cuandoDolores se entrevistó con el fiscal en Casa Nueva le pidió que investigue queestaba siendo violentada por sus hermanos y los ruralistas. Recordaron que LuisMiguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere cerraron con candado latranquera de ingreso al campo y que un grupo de ruralistas incluso ingresó alpredio y le propusieron “un salvoconducto para salir de la provincia”.
Los abogados de Dolores y Taboada también pusieron enconocimiento del juez que en la causa por estafa y vaciamiento de El Diario deParaná, Dolores fue aceptada como querellante; y que en dicho proceso la juezaParola Firpo la convocó para que ratifique un convenio por la división de lasacciones de Las Margaritas SA, y este no fue ratificado.
Asimismo, cuestionaron que el fiscal no haya investigado ladenuncia de violencia de género que formuló Dolores, a pesar de que existenprocesos como el que lleva adelante el fiscal federal porteño Federico Delgado,que investiga a los hermanos Etchevehere por supuesta “extorsión y violenciaeconómica”.
En tercer lugar, recusaron al fiscal porque entendieron queen la investigación cometió una falta de criterio porque pretende llevar ajuicio un delito de usurpación que generalmente se resuelve por salidasalternativas. «Es inédito en la provincia y en el país elevar a juicio unconflicto entre hermanos por un bien que está indiviso. Es un actodiscriminatorio contra Dolores», manifestó el abogado Cozzi.
Por su parte, el fiscal Sobko rechazó el planteo derecusación y defendió su trabajo en la causa, remarcando que en este casoDolores no es víctima, sino la acusada de dos delitos tipificados en el CódigoPenal.
