Jueves, 31 de julio de 2025   |   Nacionales

Preska incluyó a Michel en la causa YPF: qué rol jugó el entrerriano

La jueza de Nueva York sumó al ex titular de Aduana y actual candidato a diputado por Entre Ríos al listado de funcionarios que deberán entregar documentación en el juicio por la expropiación de YPF.
Preska incluyó a Michel en la causa YPF: qué rol jugó el entrerriano

De la redacción de INFORME DIGITAL

La jueza federal estadounidense Loretta Preska, encargada de la causa por la expropiación de YPF, ordenó ampliar el proceso de discovery y solicitó documentación vinculada a varios exfuncionarios argentinos, entre ellos el entrerriano Guillermo Michel, ex director de Aduanas y actual candidato a diputado nacional por el peronismo.

 

Preska aceptó el pedido de los fondos demandantes para identificar activos del Estado argentino en el exterior, con el objetivo de avanzar en embargos si no se cumple el fallo millonario ya dictado. En ese contexto, reclamó correos, documentos y registros oficiales de figuras clave de los últimos años, como Sergio Massa, Luis Caputo, Silvina Batakis, Matías Tombolini y Michel, entre otros.

 

Michel fue incluido en el listado por su rol como administrador de la Aduana durante el gobierno de Alberto Fernández, donde fue uno de los funcionarios más cercanos al entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Su área estaba directamente vinculada al control del comercio exterior, las divisas, la trazabilidad de exportaciones y la localización de bienes del Estado, variables centrales para los fondos buitre en esta etapa del juicio.

 

El caso judicial, que ya derivó en una condena por más de USD 16.000 millones contra la Argentina, se encuentra en instancia de apelación, pero mientras tanto la jueza avanza en medidas preventivas para asegurar el cobro. Una de las líneas que más inquieta al Gobierno es el rastreo del oro argentino depositado en bancos internacionales, y allí aparece la relevancia de la información que manejaban figuras como Michel.

 

La medida no implica una acusación penal ni administrativa contra los exfuncionarios, pero los obliga a facilitar datos, comunicaciones y registros internos si así lo requiere la justicia norteamericana.

 

 

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