Los tiempos se aceleraron en la causa por la expropiación de YPF y agosto promete tener varias definiciones. Por un lado, si Argentina debe o no entregar las acciones, y por el otro, qué información debe entregarse por pedido de los demandantes.
En las últimas horas se conocieron más detalles sobre las ásperas negociaciones que se dan en el tribunal de la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, que revelaron el interés de los fondos por obtener información de funcionarios, empresas y las reservas de oro.
Acciones
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá el martes 12 de agosto si extiende o no la suspensión administrativa a la entrega de las acciones de YPF.
La instancia superior había entregado a Argentina la suspensión a la orden de Preska que dictaba que el país entregue sus acciones de YPF para cubrir parte de una sentencia por u$s 16.000 millones.
%uD83D%uDD34La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito decidirá sobre la suspensión administrativa en el caso entrega acciones de YPF el 12 de agosto.
%uD83D%uDD34Second Circuit to Decide Administrative Stay in YPF Case on August 12.— Sebastian Maril (@SebastianMaril) July 30, 2025
Argentina solicitó que la suspensión se extienda mientras apela la decisión de la jueza de entregar las acciones.
Los beneficiarios del fallo, Burford Capital y Eton Park, pidieron que se levante ya que se comprometieron a que, en caso de que Argentina gane la apelación, devolver las acciones. El país argumenta que su transferencia generará un daño irreparable.
La información pendiente
Mientras tanto, se conocen más detalles sobre la otra instancia en la que circula el juicio. Preska ordenó que Argentina entregue, por pedido de los beneficiarios, información para detectar qué activos pueden ser embargados.
El 6 de agosto, las partes definirán las palabras clave que deberán buscarse en las comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios, entre otros detalles que hacen al proceso de discovery iniciado.
En las 72 páginas de la transcripción de la audiencia entre Petersen (origen de la demanda que compró Burford) y Eton Park, pueden verse reiterados reclamos de los fondos a la defensa argentina por presunta falta de cooperación y el notorio hartazgo de la jueza Preska con las partes.
Respecto de la información solicitada de los funcionarios y exfuncionarios, sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó el pedido de sus conversaciones dados sus comentarios públicos sobre las reservas de oro del Banco Central y su cercanía con el presidente de la entidad, Santiago Bausili, decisiones del Banco Nación e YPF, entre otros argumentos.
En el caso de su antecesor, Sergio Massa, la jueza sostiene que consideran que intervenía en la cotidianeidad del Banco Central y que estuvo involucrado en el proyecto de exportación de GNL de YPF.
Entre otros funcionarios y ex funcionarios, allegados al caso afirmaron que se incluyeron en el pedido de información a el ex titular de Aduana, Guillermo Michel, el senador Eduardo ‘Wado’ de Pedro y al exsecretario de Comercio, Matías Tombolini.
La jueza dejó fuera del pedido de información al asesor presidencial Santiago Caputo, así como al exsecretario general de la presidencia, Julio Vitobello. Entre las compañías, rechazó el discovery sobre ARSAT.
Entre los puntos pendientes, queda determinar el umbral del valor de los activos sobre los que se puede solicitar información y ordenó, también con fastidio, que se identifiquen las fuentes de información.
Sobre los activos, Argentina deberá informar las limitaciones que pesan sobre ellos, si es que los hay, y explicar por qué quedarían excluidos. Las partes acordaron que no se incluirá información de defensa o inteligencia, pero que no se impide el seguimiento de los fondos, mientras que las cuentas bancarias de Argentina relacionadas con China deben ser distinguidas si se usan para operaciones, además de definir las relaciones que se mantienen con el gigante asiático.
También resta definir qué fideicomisos pueden incluirse, determinar cuando se considera que empieza una privatización.
La jueza rechazó excluir al Banco Central del caso, ya que Caputo se manifestó públicamente sobre varios aspectos que se refieren a la entidad, en especial de las reservas de oro. Los fondos reclamaron además poder hablar con Caputo sobre el oro.
Negociaciones tensas
Los demandantes en muchas de sus intervenciones dejan ver el hartazgo con Argentina. En particular reclaman por la falta de precisiones sobre información solicitada.
En un apartado, los abogados de los fondos buitre ilustraron: “Les voy a dar otro ejemplo. Bienes muebles en Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Argentina aparentemente les dijeron a los abogados que no tenían más de un millón de dólares. También nos dijeron que no tenían más de un millón de dólares en otros países, ni en Estados Unidos ni en Argentina. De acuerdo, lo hicieron”.
“Ahora regresan y dicen que no podemos hacer un millón de dólares en Estados Unidos porque es demasiado confuso determinar si algo vale un millón de dólares. Quizás sea el barrio en el que vivo, juez, pero creo que es bastante fácil determinar qué vale un millón de dólares. Y si está paseando por el parque automotor, probablemente no sea cierto que el Taurus de 1995 con un sistema de sonido nuevo valga un millón de dólares“.
En otro apartado, sobre las reservas de oro agregaron: “Aún no hemos podido conseguir ni un solo documento ni información sobre cómo el oro de este país salió de Argentina. Esto es una búsqueda del tesoro. Tienen el mapa del tesoro y ni siquiera nos dejan encontrar el oro. Es literalmente ridículo. Nos acusan de pedir cosas ridículas. Quiero saber quién sabe del oro. Ya les he dicho quién es. Es Luis Caputo, porque lo dijo a la prensa sobre el oro. Déjame tenerlo. Déjame tener a quien más sepa, y llegaremos al fondo de esto”.
El hartazgo es difundido, pero no solo con Argentina. En el medio del reclamo por hablar con Caputo para que explique el paradero del oro, la defensa de Burford insiste en que el ministro dijo públicamente que tenía información. Preska dice que el argumento es insuficiente y la defensa de Burford insiste, a lo que la jueza remata: “Lo entiendo. Lo escuché las primeras tres veces”.
Ante el reclamo de los demandantes sobre la presunta falta de cooperación de la defensa argentina, estos manifestaron a la jueza: “Su Señoría, respetuosamente hemos proporcionado muchísima información a esta gente, 100.000“.
Preska interrumpe la argumentación y agrega: “Lo sé. 100.000 documentos. Deje de decirme eso”. Más adelante, remata: “Basta con eso de los 100.000 documentos”.
La jueza, claramente harta, agrega en otras partes “no entiendo por qué seguimos discutiendo este tema” (en referencia a las fuentes de información) y luego dice “por tercera vez, tengan una conversación”.
En otro apartado, la jueza ordena que se discutan transacciones de los ministerios incluido el de Defensa, a lo que los representantes argentinos sostienen: “No es inexplicable solo por cuestiones de seguridad nacional. Estamos hablando literalmente del Ministerio de Defensa, el Secretario de Inteligencia y las Fuerzas Armadas”. La jueza remata: “El Ministerio de Defensa probablemente compra papel higiénico”.
Al final de la transcripción y con el cierre de la audiencia, Preska sentencia: “Está bien. Gracias, amigos. Me han dejado exhausta”.
