Eldiputado Nicolás Mattiauda (Pro-Cambiemos) le pidió al gobernador GustavoBordet que informe sobre la situación económica, financiera y prestacional dela Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) durante los últimos dosperíodos (2019-2020). Además, solicitó que el Tribunal de Cuentas realice unaauditoría en ese organismo estatal.
Ellegislador de Gualeguaychú mediante tres proyectos presentados este viernes enla Cámara Baja busca respuestas en el gobierno provincial y en la propia obrasocial, para que se conozcan los motivos de la crisis por la que atraviesa lamisma y que dejó sin cobertura médica a más de 300.000 afiliados desde estasemana.
A Bordet,como responsable de la administración de la Provincia, se le requiere queinforme sobre la situación económica, financiera y prestacional del Iosper,cuáles han sido los gastos operativos, si se efectivizó el aumento de losaportes patronales retroactivo a marzo de 2017 y qué medidas adoptó comotitular del gobierno en la controversia entre la obra social y la FederaciónMédica de Entre Ríos (FEMER), que derivó en la suspensión de las prestaciones.
De acuerdoal artículo 175 inc. 20 de la Constitución de Entre Ríos, le corresponde algobernador “tomar las medidas necesarias para conservar la paz y el ordenpúblico, por todos los medios que no estén expresamente prohibidos por estaConstitución y leyes”.
En esesentido, las irregularidades en el funcionamiento de la obra social “setraducen en una gravísima afectación de derechos esenciales, tales como elderecho a la vida y a la salud, reconocidos, además, en numerosos TratadosInternacionales sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional”, explicó Mattiaudaen los fundamentos del proyecto.
En tanto,otro pedido de informes está dirigido al directorio del IOSPER con requerimientossimilares al elevado al Ejecutivo, además de solicitar detalle de los gastosoperativos mensuales y cantidad de empleados y el personal que ingresó desde2016 independientemente la modalidad de contratación.
El legislador opositor intervino en el conflicto entre la Obra Social y los prestadores que perjudican a unos 300 mil afiliados.
También,explicar si las prestaciones se brindan en tiempo y forma (motivos desuspensión en el caso que así sea) y si la Comisión Fiscalizadora ha efectuadocontrol durante los últimos dos períodos anuales (2019-2020) en el cumplimientode los convenios y sobre las auditorías, entre otros puntos.
Pedido deauditoría
Por otraparte, Mattiauda presentó un proyecto mediante el cual se solicita al Tribunalde Cuentas de Entre Ríos que realice una auditoría en la obra social “a losfines de que se dictamine en general, sobre los aspectos administrativo,contable, económico, financiero, informático y prestacional del mencionadoente”, entre enero de 2019 y diciembre de 2020.
El legislador solicitó que se dictamine especialmentesobre ejecución presupuestaria, aportes patronales recibidos, juicios y sucuantificación económica, evolución de los estados contables, entre otrospuntos.
“Lacompetencia del Tribunal de Cuentas para poder auditar al IOSPER se encuentralegitimada por la Ley 5796, ya que el funcionamiento de la obra social dependedel presupuesto provincial como ente autárquico y por tal motivo el organismode control puede pronunciarse sobre la Cuenta General e intervenir en estainstancia”, remarcó Mattiauda en los fundamentos.
