Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry firmaron la resolucióndel legajo en el que se investiga el desfalco de mil millones de pesos duranteuna década (2008-2018) en el seno de la Legislatura. Ahora deberá resolver lajueza Marina Barbagelata si finalmente la eleva o rechaza la petición.
La sustracción de dinero público a través de contrataciones en las quelos contratantes en algunos casos ni siquiera tenían asignada unacontraprestación y, en otros, no cobraba el dinero, llevará albanquillo al escalón más bajo de la supuesta asociación ilícita que contó,incluso, con estudios contables externos.
Los imputados representan a la escala más baja en la estructura delictiva que, durante una década, sustrajo de un ámbito político mil millones de pesos. Un robo de semejante magnitud, en un ámbito meramente político, nocuenta con un sólo dirigente imputado.
La investigación no indagó sobre un recorte que se hizo en lapesquisa, donde en la Cámara de Diputados se obvió el período 2008-2011presidido por Jorge Busti. Pese a haber aparecido un acta –reveladaoportunamente por Página Judicial – que indica que no había información sobreel gasto de esos años.
Lo que dice el archivo
Son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni;
La Procuración General a cargo de Jorge Amilcar García y CeciliaGoyeneche finalmente cumplió con lo prometido a los sectores de la prensa dondecanalizan sus ideas. Esto es la elevación de la causa con los imputados demenor jerarquía en la estructura que se construyó para el saqueó al Estado.
Lo que dice el archivo
La causa se inició el 20 de septiembre de 2018 cuando policíasavispados vieron un movimiento raro en un cajero del Bersa. Lo anómalo era apersonas con varias tarjetas de débito, que luego se dieron en llamar en lajerga tarjeteros. Lo sucedieronallanamientos y la recolección de documentos. La evidencia sobre el delito esabundante.
Los fiscales Yedro y Aramberry imputaron a Flavia Marcela Beckman,Hugo Mena y Esteban Scialocomo (quienes se encargaban de cobrar los contratos ysacar la plata de los cajeros); Alfredo Bilbao y Ariel Faure (integrantes deuno de los estudios contables que manejaban los contratos truchos en materiatributaria); Gustavo Pérez (director administrativo del Senado); Juan PabloAguilera (funcionario del Senado y figura clave durante el gobierno de sucuñado Sergio Urribarri) y Alejandro Almada (empleado de Diputados y cuñado deAguilera).
Todos estos pasaron una temporada por la Unidad Penal de Paraná en el2018, hasta que el 24 de diciembre de ese mismo año primaron los derechoshumanos y la prisión pasó a ser una excepcionalidad que debe cumplir laexistencia de causales concretas.
Los otros imputados, pero sobre quienes no recayó la prisiónpreventiva en todo el proceso, fueron Juan Domingo Orabona y Sergio Cardoso(empleados jerárquicos de Diputados y el Senado); el contador Pedro Opromolla yel especialista en sistemas y ex empleado del Bersa, Guido Krapp (integrantesdel otro estudio contable).
Los fiscales Aramberry y Yedro.
En los primeros meses de la causa hubo mucho ruido y se prometían tambiénmuchas nueces, pero todo se fue apagando con el tiempo. El entusiasmo y elfervor se empantanó para siempre cuando se conoció, sobre el fin de año del2018 mismo, que el contador Opromolla tenía una propiedad con quien llevaba lainvestigación: la procuradora adjunta Goyeneche.
La protección mediática no fue suficiente, a lo que se sumó un embargoque reveló que no era una sino dos propiedades las que tenía con el contadorOpromolla, que brindó servicios a la Cámara de Diputados a instancias de Urribarri,cuando presidió el cuerpo.
El allanamiento al estudio Integral Asesoría no tiene desperdicios side chismes se tratara. Ese buffet llevaba las cuestiones contables apersonalidades de la comunidad judicial.
Fuente: Página Política y Entre Ríos Ahora.
