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l Consejo de Fiscales de la Provincia de Entre Ríos cerró filas y salió a la opinión pública en defensa de la fiscal Anticorrupción interina, Cecilia Goyeneche, quien fue blanco de una publicación periodística sobre sus supuestos vínculos comerciales con uno de los contadores que debe investigar en la causa conocida como de contratos truchos de la Legislatura.

"Expresamos  nuestra especial preocupación ante el intento de obstaculizar las investigaciones de hechos de corrupción, evidenciadas en operaciones políticas y mediáticas tendientes a desviar la atención de la ciudadanía en asuntos públicos de incidencia colectiva”, fustigaron en el comunicado enviado a INFORME DIGITAL firmado por Lisandro Beheran, Monica Elizabeth Carmona, José Costa, Matilde Federik, Fernando Lombari, Álvaro Piérola y  Gamal Taleb.

El cuerpo de funcionarios judiciales advirtió que "no podemos permitir que el cumplimiento legítimo de nuestro trabajo se convierta en blanco de ataques malintencionados que afecten el normal desarrollo de la institución a la que pertenecemos".

Los fiscales afirmaron a su vez que "es una política institucional del Ministerio Público Fiscal dar prioridad" a las causas de corrupción y, en consecuencia, "todos los esfuerzos de sus integrantes están dirigidos en este sentido”.

Sin mencionar a Goyeneche -a quien podría sumarse el nombre del Procurador General, Jorge García, quien enfrenta un pedido de jury que se volvió polémico, el Consejo manifestó que "cualquier ataque personal a uno de sus miembros no tendrá otro efecto que ratificar este camino e intensificar las tareas destinadas a esclarecer los hechos de corrupción que investigamos y cuya sanción penal pretendemos".

Por último, los fiscales se pronunciaron en defensa del "debido proceso y el respeto irrestricto de todas las garantías constitucionales que amparan a las personas sometidas a un proceso penal”.

El comunicado completo

“Desde el Consejo de Fiscales de la Provincia de Entre Ríos, expresamos  nuestra especial preocupación ante el intento de obstaculizar las investigaciones de hechos de corrupción, evidenciadas en operaciones políticas y mediáticas tendientes a desviar la atención de la ciudadanía en asuntos públicos de incidencia colectiva.

“Como parte del Poder Judicial, recibimos día a día, en nuestro trabajo cotidiano muchas críticas y sugerencias respecto del alcance de nuestra función constitucional de investigar delitos.  Sin embargo, no podemos permitir que el cumplimiento legítimo de nuestro trabajo se convierta en blanco de ataques malintencionados que afecten el normal desarrollo de la institución a la que pertenecemos.

“Todas las fiscalías de los distintos departamentos de la provincia se encuentran llevando adelante investigaciones de casos donde se encuentran sospechados y/o imputados ciudadanos que tienen o tuvieron funciones públicas provinciales o municipales, y como tales han debido administrar -en mayor o menor medida- el patrimonio estatal, que pertenece a todos los entrerrianos.

“Son causas altamente complejas, que demandan recursos materiales, capacitación constante y un fuerte compromiso de quienes trabajamos para que el flagelo de las democracias modernas, que es la corrupción, sea sancionada por los jueces de la constitución y valorado por la ciudadanía en su conjunto.

“Es una política institucional del Ministerio Público Fiscal dar prioridad a ellas, y en consecuencia, todos los esfuerzos de sus integrantes están dirigidos en este sentido.

“Bregamos por la construcción de una sociedad democrática respetuosa del Estado de Derecho. Por ello, cualquier ataque personal a uno de sus miembros no tendrá otro efecto que ratificar este camino e intensificar las tareas destinadas a esclarecer los hechos de corrupción que investigamos y cuya sanción penal pretendemos,  en el marco del debido proceso y el respeto irrestricto de todas las garantías constitucionales que amparan a las personas sometidas a un proceso penal".