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irigentes del Colegio de Abogados de Entre Ríos se reunieron este martes con el gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, para presentarles el proyecto de ley elaborado por la entidad que reemplazará a la actual orgánica del sector.

La legislación vigente para el Colegio data de 1956. Un decreto-ley implementado durante el gobierno de facto del interventor Manuel Calderón en los años de la “Revolución Libertadora” que nunca fue derogado ni reemplazado. El texto que será enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial viene no sólo a actualizar un marco regulatorio que rige desde que la matrícula del Colegio era de poco más de 200 asociados sino también a introducir derechos y perspectivas de la reforma de la Constitución Provincial de 2008.

"Es muy buena la iniciativa de un colegio profesional el de revisarse a sí mismo. Los colegios profesionales especialmente tienen importancia porque el Estado delega en ellos un control de policía sobre sus profesionales", dijo Romero. 

INFORME DIGITAL dialogó con la ministra Romero y el presidente de la entidad jurídica, Enrique Martínez, quienes precisaron las principales modificaciones que se le harán a la Órgánica. El proyecto consta de 77 artículos y sería elevado desde el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura durante septiembre.

Romero remarcó la importancia de la sanción de la nueva Orgánica ya que otorgaría a los abogados entrerrianos “un rol activo de contribución a la Legislación, a la administración de Justicia y al Estado de derecho en la provincia, al reemplazar un decreto-ley de una época dictatorial a una normativa acorde a los nuevos derechos y garantías consagrados en la Constitución 2008” de la provincia.

Minorías con cargos

La mayor novedad es la integración de las minorías. Actualmente en el Colegio de Abogados entrerrianos rige el criterio de que el que gana las elecciones “se lleva todo” en el Consejo Directivo, independientemente de la cantidad de respaldo que haya obtenido la lista derrotada.

Bordet acordó este martes con Martínez la elevación del proyecto a la Legislatura.

Con la eventual sanción de la nueva Orgánica, las minorías tienen derecho de acceder al órgano de conducción con un piso del 20 por ciento de los sufragios totales en el acto eleccionario. Cabe recordar que el Colegio revalida sus altos mandos cada dos años. Martínez, por caso, fue reelecto en 2017, cuando derrotó a la propuesta encabezada por la ex diputada provincial María Emma Bargagna, cuyo sector –por la legislación vigente- no obtuvo cargos en la dirección.

Con el proyecto de ley nuevo la distribución de las sillas en el Consejo Directivo provincial será de 16 para la lista ganadora y de cinco para la minoría (o a repartir entre las minorías, si es que hay más de dos listas, siempre que superen el 20 por ciento en las urnas).

33% para mujeres

El texto comentado por Martínez y Romero a INFORME DIGITAL, que comenzó este martes a ser analizado por el Ejecutivo de la provincia, establece por primera vez para el Colegio un cupo de género en la conducción. En rigor, es un cupo de mujeres: fija el 33 por ciento como piso mínimo de participación de ellas en los distintos órganos de conducción del Colegio. Las mujeres constituyen, sin embargo, el 50 por ciento del padrón.

Delegados departamentales

Otra novedad de la iniciativa es la creación de “juntas de delegados” por departamento, que confluirán en una junta provincial, colaboradora del Consejo Directivo en el gobierno de la institución. En el caso de los abogados delegados de cada uno de los 17 departamentos, su designación será proporcional a la cantidad de votos que reciban en la elección de estos nuevos cargos.

Asimismo, la cantidad de delegados de cada departamento será proporcional a su matrícula. Martínez valoró que, con la implementación de esta nueva instancia, todos los departamentos tendrán participación en el gobierno del Colegio, ya que hasta ahora, por las enormes diferencias de matrículas, “los chicos como Feliciano o San Salvador, por ejemplo, muchas veces se quedan sin representación”.

Nuevo control de la ética profesional

Por otra parte, se introduce una modificación de nombre y de composición en el control de los colegiados. Se reemplaza el actual “Tribunal de Disciplina” por un “Tribunal de Ética Profesional”: consistirá de dos “salas” de tres miembros cada una, seis “juzgadores” en total. Se asentarán una en Paraná y una en Concordia, y se ocuparán de resolver los conflictos de la otra costa, es decir que Paraná tendrá jurisdicción sobre los departamentos de la costa del río Uruguay y viceversa.

Las sanciones para los infractores, en tanto, seguirían siendo las mismas: apercibimiento, multas, suspensión de matrícula y exclusión del Colegio.