E

l gobernador Gustavo Bordet abordó este martes con los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia el servicio de justicia,  las nuevas necesidades en infraestructura carcelaria y las "restricciones presupuestarias nacionales que tendrán su impacto en la provincia". El encuentro fue en los Tribunales de la capital entrerriana.

"Hemos sido muy respetuosos de la independencia de poderes y la justicia ha actuado en consecuencia de manera totalmente independiente respecto de los demás poderes en Entre Ríos, lo cual nos pone como provincia en la vanguardia en el concierto nacional y en nuestro funcionamiento del sistema judicial”, dijo el mandatario.

“Manifesté mi preocupación a futuro por cómo se van a dar las restricciones presupuestarias a nivel nacional, que sin lugar a dudas van a impactar en la provincia y esto amerita poder trabajar en conjunto entre los equipos técnicos del Poder Judicial y el Ejecutivo para lograr tener un presupuesto que sea consensuado y sobre todo real y de cumplimiento efectivo, como ha venido siendo en estos últimos años. Ni sobre estimado, ni subestimado”, indicó.

Luego precisó: “Hablamos de la cuestión carcelaria que es una de las inquietudes que tenemos y compartimos la necesidad de contar con cárceles que sirvan para la reeducación de nuestros reclusos y no para castigo. Hoy tenemos una superpoblación carcelaria también porque se han incorporado nuevos sistemas, como la ley de narcomenudeo. Tenemos un problema con los reclusos federales”, advirtió el mandatario. El tema fue planteado la semana pasada junto a la ministra de Justicia, Rosario Romero, al titular nacional de dicha cartera, Germán Garavano.

“A esto lo había hablado con el ministro Garavano y estamos en la búsqueda de algún financiamiento para poder construir un nueva unidad penal y por otro lado también estamos con un plan de obras para distintas cárceles en la provincia que nos permitan poder alojar más reclusos y hacerlo de manera razonable, sin que se resientan los derechos mínimos que a cualquier persona le corresponden”, repasó Bordet.

“Manifesté mi preocupación a futuro por cómo se van a dar las restricciones presupuestarias a nivel nacional. Esto amerita trabajar en conjunto entre los equipos técnicos del Poder Judicial y el Ejecutivo para lograr tener un presupuesto real y de cumplimiento efectivo, ni sobre estimado, ni subestimado”, contó Bordet. 

Por su parte, el presidente del STJ, Emilio Castrillón, detalló que conversaron sobre obras y proyectos que están en marcha con el Ministerio de Planeamiento, con la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y con la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).

"Además conversamos sobre las vacantes que necesitamos cubrir por el Consejo de la Magistratura", dijo el presidente del STJ y agregó que efectuaron "un análisis hecho desde la justicia sobre la situación actual de la proyección de la orgánica del Poder Judicial a efectos de que los Poderes Legislativo y Ejecutivo tengan las herramientas para poder reglamentar esta ley que debe ser renovada”.

Castrillón también mencionó que dialogaron sobre "la situación referida a las cárceles y a las previsiones presupuestarias para el año próximo y sobre todo una obra que consideramos importante, junto con la de Feliciano, Concepción del Uruguay y Concordia, que es el edificio de Gualeguaychú". Al respecto, los jueces esperan "la posibilidad de que se consiga un crédito internacional con el gobierno nacional porque sabemos que escapa a las posibilidades de la provincia efectuar esa erogación”.

“Le comunicamos al gobernador la puesta en funcionamiento en septiembre de la Sala de la Cámara de Casación de Concordia, en la segunda quincena de agosto de los juzgados creados recientemente de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia de familia, y el próximo 16 de agosto el último Juzgado de Paz creado que es de Aranguren”, cerró el titular del STJ.

Del encuentro participaron los vocales del STJ Bernardo Salduna, Claudia Mizawak, Germán Carlomagno, Daniel Carubia, Juan Ramón Smaldone y Miguel Ángel Giorgio, y la ministra Romero.