Varisco fue procesado por financiamiento narco. El diputado Bahler impulsará la medida en la legislatura. La ministra Bullrich sentenció: "quien se ponga del lado equivocado tendrá su castigo".
Impulsan la intervención y el desplazamiento de Varisco como intendente.
E
l cisma institucional en el gobierno de Paraná por la causa
por tráfico de estupefacientes que tiene como principal involucrado al
intendente Sergio Varisco parece no tener techo hasta el momento. El juez
Federal a cargo de la investigación, Leandro Ríos, dictó este lunes el
procesamiento del intendente, y le exigió un seguro de caución de $1 millón
para dejarlo en libertad, y la intervención de la municipalidad ya aparece en
el horizonte.
De la redacción de INFORME DIGITAL
La posibilidad de que el gobierno de Paraná sea intervenido
la sugirió este lunes el diputado provincial Alejandro Bahler (Unidad
Popular-Frente Renovador), quien nuevamente en declaraciones al canal porteño
C5N hizo de portavoz de los detractores de Varisco en la política provincial.
Bahler anunció que presentará un proyecto en la Cámara Baja de la provincia
solicitando la intervención de la Comuna paranaense.
El proyecto de Bahler se conocería este martes. La
intervención de un municipio entrerriano por parte del gobierno provincial no
está prevista en la Constitución Provincial, como sí lo está la intervención de
Nación en una provincia, de acuerdo con el artículo 6º de la Carta Magna
nacional. O al menos la Constitución entrerriana no lo establece directamente.
No obstante, se pueden hacer interpretaciones que habiliten
esa facultad al Poder Ejecutivo hoy encabezado por Gustavo Bordet.
El Intendente de Paraná, Sergio Varisco, acaba de ser procesado por vínculos con el Narcotráfico. Quien se ponga del lado equivocado tendrá su castigo. Para nuestro gobierno no existen amigos ni privilegios que nos frenen en nuestro camino hacia una Argentina Sin Narcotráfico.
Por caso, en el reciente proyecto de ley del diputado de Cambiemos,
Joaquín La Madrid, para que al Provincia intervenga el municipio de Puerto
Yeruá (su intendente Fabián Cevey fue condenado por corrupción), el legislador
del PRO apeló al artículo 122 – inciso 3 de la Carta Magna Provincia, que
faculta al Poder Legislativo a “legislar sobre la organización de los
municipios, comunas y policía, de acuerdo con lo que establece al respecto la
presente Constitución”.
Según argumentó La Madrid en su proyecto por la intervención
de Puerto Yeruá –no aprobado en la Cámara Baja-, se trata de “poderes implícitos”
o “poderes residuales” que otorgaría la Constitución a los legisladores. Por ende, disponía la intervención del Poder Ejecutivo provincial y concedía al interventor designado por el gobernador "las atribuciones, deberes y obligaciones inherentes a los actos de administración de la Municipalidad".
En la provincia hay un antecedente reciente de intervención
del Poder Ejecutivo provincial en una comunal. Fue en el año 2003, cuando el
entonces gobernador Jorge Busti designó al concordiense Luis Umedez como
interventor del gobierno de Conscripto Bernardi, acto que duró 180 días y que
fue provocado por el caos institucional que derivó de una votación en la que no
quedó claro quién había resultado electo para conducir el gobierno local.
Cabe recordar que, en la postura de sus abogados defensores, el intendente Varisco puede seguir en sus funciones pese al procesamiento. Su asesor letrado Rubén Pagliotto explicó a INFORME DIGITAL que "un procesamiento no basta (para dejar el cargo)” y definió que “lo único que podría alejar a un intendente vinculado a una cuestión jurídico-procesal en el ámbito penal es una condena firme”.
Así las cosas, quedaría a criterio del Poder Legislativo Provincial -donde el Partido Justicialista cuenta con mayoría en ambas cámaras- y del Ejecutivo que conduce Gustavo Bordet la posibilidad de que la municipalidad de Paraná sea efectivamente intervenida, como impulsaría Bahler. Con una ley provincial avalada por el Ejecutivo, y cada vez menos respaldo político en Cambiemos a nivel local, provincial y nacional, Varisco podría llegar a encontrarse ante la obligación de dejar su despacho, al menos hasta que si situación judicial quede definitivamente esclarecida.
