El intendente de Santa Elena denunció a Jorge García. Lo acusa de encubrir una causa de corrupción que involucra a Kueider. Surgió luego del vídeo que se conoció del ex senador contando dinero en su despacho en la Casa Gris.
D
omingo Daniel Rossi,, intendente de Santa Elena, presentó
una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Entre
Ríos contra el Procurador General, Jorge Amílcar Luciano García, donde lo acusa
de encubrimiento agravado y mal desempeño funcional, según señaló, por haber
archivado una causa que involucraba hechos de presunta corrupción al más alto
nivel del gobierno provincial.
El ex vicegobernador fundamenta su presentación en la revelación periodística de Infobae, medio que dio a conocer un video filmado en la Casa de Gobierno, donde se ve al ex secretario general y ex senador nacional, Edgardo Kueider, manipulando grandes sumas de dinero.
Edgardo Kueider contando dinero.
El video registrado, según reconoció públicamente el ex
gobernador y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, fue conocido por él
mismo, por el entonces Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y por el
propio Procurador García, sin embargo, ninguno ellos impulsaron investigación
alguna.
En este marco, el presidente del municipio santaelenense,
afirma que el material fue editado y silenciado.
Gustavo Bordet.
En consecuencia, la denuncia exige que el Jurado actúe de inmediato, preservando las pruebas y citando como testigos a Bordet, Rodríguez Signes y Kueider, por videoconferencia desde Paraguay.
Jorge Amílcar Luciano García.
Además, Rossi solicitó también la recusación de los miembros
del Jurado que se pronunciaron sobre la competencia en causas anteriores, por
considerar que han prejuzgado. Al mismo tiempo, se advirtió que, si no se
garantiza una investigación seria, se acudirá a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invocando el
derecho a la tutela judicial efectiva y la obligación estatal de perseguir
hechos de corrupción.
Julio Rodríguez Signes.
“El Procurador tenía la obligación constitucional y legal de actuar. Su silencio no fue un error: fue una decisión funcional al poder y una amenaza directa al sistema republicano”, afirmó el denunciante.