Las autoridades de la obra social fueron históricamente señalados por hechos escandalosos. Causas de sobresueldos y desvíos de fondos entre otras pesan sobre Moreyra y Cañete. Pese a esto agrupaciones se oponen a la intervención.
Los sindicatos que rechazaron la intervención del IOSPER.
E
l gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, tomó la
decisión, mediante el decreto 3675, de intervenir al Instituto de Obra Social
de la Provincial de Entre Ríos (IOSPER), argumentando un constante aumento del
déficit mensual y una alarmante caída en la calidad de las prestaciones.
Según lo que detalló el propio funcionario: "Lo que se
encontró hasta ahora es la punta del iceberg".
INTERVENCION DEL IOSPER: POR UNA OBRA SOCIAL EFICIENTE Y TRANSPARENTE.
La intervención del IOSPER no es solo una medida administrativa; es una respuesta a meses de incremento en el déficit mensual y una caída alarmante en la calidad de las prestaciones.
Esta preocupante situación en la que se encuentra la obra
social de la provincia alcanza no solo a las actuales autoridades sino a
gestiones anteriores.
Esto involucra a Silvio Moreyra, quien estuvo al frente del
organismo entre 2006 y 2014, y a su inmediato sucesor, Fernando Cañete, titular
desde 2014 hasta la fecha, que presentó su renuncia en medio de esta delicada
situación.
Moreyra, ex intendente de Santa Elena entre 2015 y 2019 y
con una larga lista de cargos como funcionario público, fue investigado y
acusado por diversos hechos de corrupción que incluyen enriquecimiento ilícito
y desvió de fondos para gastos personales.
En las investigaciones en su contra figuran la adquisición
de varias propiedades, tanto en Paraná como en Santa Elena, además de la compra de
caballos registrados en el Stud Book y millonarias inversiones en diferentes
rubros.
También se lo acusó de haber utilizado dinero del IOSPER
para pagar una campaña mediática contra opositores políticos.
Silvio Moreyra.
En tanto que durante la gestión de Cañete, se realizaron acusaciones de sobre la falta de transparencia activa en el manejo de fondos
públicos, y la ausencia de información vinculada a los últimos balances
económicos, presupuestos, sueldos de su directorio y pago a los principales
proveedores.
Además de los constantes reclamos por parte de prestadores,
por falta de pago, y de afiliados, por falencias en la cobertura, también
habrían existido contrataciones con sobreprecios, mientras que puntualmente, el
ex presidente Cañete fue denunciado en dos ocasiones por abuso de poder,
violencia laboral y violencia de género.
Fernando Cañete.
Los que se oponen
Pese a todas estas irregularidades, desde distintas instituciones y gremios salieron a repudiar la intervención del gobierno provincial al IOSPER.
Es así que la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), publicaron sus respectivos comunicados rechazando la medida.
FESTRAM
CTA
UPCN
AGMER
Las denuncias de Rossi
El intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, viene denunciando desde 2009 diferentes irregularidades en el IOSPER, entre las que se encuentran, según detalló mediante un comunicado:
- Contrataciones con sobreprecios: Contratos con empresas como Meditar S.A., donde se detectaron sobrecostos de hasta un 67%, impactando directamente en las prestaciones de salud de los afiliados.
- Desvío de recursos públicos: Fondos destinados a la obra social habrían sido utilizados para fines políticos, campañas proselitistas y beneficios personales de directivos.
- Enriquecimiento ilícito: Incremento patrimonial injustificado de los responsables, incluyendo propiedades de lujo y cuentas en el extranjero.
