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a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), notificó al canciller argentino Gerardo Werthein, el pasado 6 de noviembre, otorgándole un plazo de un mes para que el Estado Argentino presente observaciones sobre las graves acusaciones formuladas por el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi.

Entre estas se encuentran las interferencias judiciales sistemáticas y las irregularidades en la tramitación de causas que afectan no solo al presidente del Ejecutivo santaelenense sino a otros actores políticos en Entre Ríos.

La CIDH ha dado un paso crucial al avanzar en el análisis de las denuncias contra la denominada "Mesa Judicial" de Entre Ríos, relacionadas con el caso Rossi. Este expediente, presentado en 2010 y formalmente abierto en 2016, pone en evidencia las acusaciones sobre el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política en la provincia.

Un caso paradigmático de judicialización de la política

De acuerdo con un comunicado que arribó a la redacción de INFORME DIGITAL, Rossi denunció en 2010 haber sido víctima de una persecución política y judicial que se remonta a 1997. A lo largo de más de 25 años, ha enfrentado impugnaciones a sus candidaturas, campañas de desprestigio mediático y una multiplicidad de causas judiciales prolongadas de manera injustificada. Según Rossi, estas acciones no son incidentales, sino parte de un entramado político que utiliza al Poder Judicial como un brazo del poder político provincial.

En la ampliación de la denuncia presentada recientemente, Rossi argumenta que el sistema judicial de Entre Ríos no garantiza imparcialidad ni independencia, convirtiéndose en un actor que interfiere políticamente y actúa con selectividad para beneficiar a ciertos sectores vinculados al poder. Este esquema, conocido como la "Mesa Judicial", habría operado con fines de persecución y coacción política, afectando tanto a Rossi como a otros dirigentes.

El caso cobra aún más relevancia si se compara con antecedentes como el de Fornerón e hija vs. Argentina, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una crítica severa al sistema judicial entrerriano, calificándolo como carente de mecanismos eficaces de control y señalando violaciones sistemáticas a los derechos humanos. A pesar de este fallo, la Provincia de Entre Ríos no acató las recomendaciones internacionales y mantiene intacto su sistema de control de jueces. La falta de cambios perpetúa una sensación de impunidad, alimentada por una estructura judicial que, en localidades como Santa Elena y La Paz, coloca a dirigentes políticos en una suerte de "libertad condicional" judicial permanente.

Expectativas sobre la intervención de la CIDH

Con el plazo otorgado al Estado Argentino en curso, el caso se posiciona como un ejemplo emblemático de cómo la judicialización de la política puede erosionar derechos fundamentales, incluyendo el acceso a una justicia imparcial y el respeto por las garantías democráticas.

La respuesta del Gobierno Argentino no solo será clave para el desarrollo de este caso, sino también para establecer un precedente en la lucha contra las prácticas de instrumentalización judicial en el país. El desenlace podría, además, generar presión internacional para que la provincia de Entre Ríos abandone prácticas judiciales que, según múltiples denuncias, favorecen el control político y consolidan la impunidad.