Lo dispuso la Cámara de Casación Penal de Paraná, que también ordenó el traslado del exgobernador Sergio Urribarri y de Juan Pablo Aguilera a la Unidad Penal Nº1. Ambos fueron condenados por el desvío de fondos públicos.
Sergio Urribarri.
L
a Cámara de Casación Penal de Paraná dispuso este martes la inmediata detención y
traslado a la Unidad Penal Nº1 de Sergio Urribarri y de Juan Pablo Aguilera. El exgobernador y su cuñado están condenados por el desvío de fondos públicos para promocionar la figura de Urribarri como candidato presidencial en 2015.
Las juezas
Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, hicieron lugar a un
recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocaron una
resolución del Tribunal de Juicio y contra esa medida, dispusieron la prisión
preventiva efectiva del exgobernador y su cuñado.
La decisión fue unánime y fue fundamentada por la jueza Marcela Davite
Ambos
fueron condenados por el desvío de fondos públicos para promocionar la figura
del ex gobernador como candidato presidencial en 2015.
Prisión preventiva y fundamentos del pedido fiscal
El pedido de los fiscales entrerrianos se centró en la necesidad de aplicar la prisión preventiva efectiva tanto a Urribarri como a su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Tras analizar los requisitos de admisibilidad del recurso, los fiscales subrayaron el "riesgo serio de fuga", dado el elevado monto de la pena impuesta y la naturaleza de la sentencia.
La condena a 8 años de cárcel a Urribarri en 2022 había sido por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, con una pena de ocho años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
En abril de 2022, Urribarri había sido condenado por unanimidad por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos, compuesto por los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.
La sentencia también incluyó la inhabilitación perpetua del exgobernador para ejercer funciones públicas, en un fallo que destacó la gravedad de los delitos cometidos durante su mandato.
Uno de los hechos más destacados fue el esquema de retornos que, según la parte acusadora, operaba en cada una de las contrataciones realizadas con fondos públicos.
Se cuestionó la adjudicación de contratos por 28,4 millones de pesos para la organización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur en 2014, realizada en Paraná. Otro de los puntos que estuvo en la mira durante el juicio fueron las contrataciones de publicidad en medios nacionales y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata.
