A

lejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial (AMFJ) de Entre Ríos, recibió el pedido de una nota, el pasado 21 de mayo, por parte de un Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de La Plata, provincia de Buenos Aires, debido a una denuncia que presentó Fernando Burlando, por supuestas “coacciones agravadas”.

Esto se debe a que el mediático abogado que representa legalmente al ex gobernador Sergio Urribarri, en el marco del proceso que enfrenta para evitar el cumplimiento efectivo de las condenas derivadas del denominado Megajuicio, presentó una denuncia en la Fiscalía de otra provincia.

De acuerdo a lo que consigna Análisis Digital, la oficina de acusación pública de la provincia de Buenos Aires requiere saber si durante este 2024, la AMFJ hizo alguna presentación ante el Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) en relación con los letrados Fernando Burlando y Raúl Amendola, solicitando, en caso de que así haya ocurrido, la remisión de copias digitalizadas.

Cuando los abogados porteños comenzaron a intervenir en nombre de Urribarri, se hicieron denuncias públicas, acusaciones y presentaciones contra jueces y fiscales ante el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Entre Ríos. Además, se interpusieron denuncias penales que alcanzaron al procurador general y al periodista Daniel Enz. 

Alejandro Cánepa, presidente de la AMFJ.

En ese contexto, la Asociación de la Magistratura y Función Judicial de Entre Ríos respaldó públicamente a funcionarios judiciales denunciados. Entre las actividades que desarrolló la entidad, se presentó una nota ante el CAER y se requirió que recuerde los “límites éticos” a los abogados.

En ese comunicado que se emitió y envió al CAER, la AMFJ expuso preocupación: "Por las manifestaciones públicas del abogado Fernando Burlando, que, según él mismo ha afirmado por distintos medios de comunicación, cuenta con un pedido de matriculación profesional en trámite por ante vuestro Colegio, y quien se ha referido de manera despectiva sobre el Poder Judicial entrerriano, y sus integrantes”.

“Más aún, particularmente lo ha hecho respecto de aquellos magistrados y funcionarios judiciales que intervinieron, ya sea en la etapa de investigación, juicio y/o recursos, en las causas penales por las cuales se condenó al ex Gobernador Sergio Urribarri por distintos delitos contra la administración pública, endilgándoles a aquellos constituir, nada menos, que un ‘escuadrón de fusilamiento judicial’. Calificó también la investigación y el posterior juicio como una ‘aberración jurídica’, con ‘actas truchas’ y con medidas (por ejemplo: embargos) dispuestas con el único fin de ‘generar un impacto mediático’”, se precisó en la carta.

Fernando Burlando.

Desde la Asociación se entendió que: "Se ha llegado un punto en el que las instituciones no podemos seguir soportando vejaciones inútiles, ni ningún otro acto de violencia adicional a los ya demostrados, impropios del recto ejercicio de la abogacía, toda vez que el fortalecimiento de las mismas, en general, y de la administración de justicia, en particular, es un objetivo común que compartimos vuestro Colegio y nuestra Asociación y que debemos profundizar con el constante diálogo y práctica cotidiana”.

La posición pública de la AMFJ provocó que Burlando presente esa denuncia por supuestas “coacciones agravadas” y consiguió un fiscal en La Plata le abra una causa.