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a Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este jueves la declaración de emergencia de la obra pública. La medida, que venía con media sanción del Senado, fue aprobada en la sesión legislativa con el voto delos diputados peronistas, quienes plantearon algunas disidencias. El instrumento impulsado por el Ejecutivo busca abordar los desafíos financieros y legales que enfrentan numerosas obras en curso en la provincia luego de los recortes realizados por el gobierno nacional.
Desde el bloque del PJ, más allá de que el debate en el recinto se dio en un marco de acuerdo para votar la iniciativa, hubo críticas a los fundamentos de la declaración de emergencia y a la celeridad en el trámite que, entendieron, se le dio al proyecto que frena las ejecuciones judiciales por certificados de obra al cobro hasta fin de año y, también, establece condiciones para renegociar y refinanciar estas deudas.
La posición del peronismo antes de avalar la Emergencia de la Obra Pública solicitada por Frigerio se repartió entre los cuestionamientos que hicieron los diputados Juan José Bahillo, sobre la necesidad, y los que señaló la presidenta del bloque, María Laura Stratta, sobre el articulado. Ambos plantearon, además, que el gobernador reclamara con “vehemencia” los fondos a la Nación.
Por su parte, Bahillo evaluó que la declaración de emergencia en obras viales “no era necesaria”, en base a datos que proveyeron los funcionarios provinciales Hernán Jacob y Uriel Brupbacher durante la exposición ante comisiones de Diputados.
Juan José Bahillo, diputado provincial (Más para Entre Ríos).
Las objeciones de Bahillo se centraron en dos aspectos: por un lado, el escaso universo de impacto de la iniciativa; y por otro, el reducido aspecto presupuestario de la emergencia. Recordó los funcionarios provinciales reconocieron que las 167 obras provinciales en marcha hasta el año pasado estaban en manos de 37 empresas y, de este total, 24 habían resuelto su situación vía convenio con el Estado. Asimismo, de las 13 restantes, 6 ya habían judicializado sus reclamos y solo quedan 7, algo que advirtió Bahillo: .
Además, Bahillo señaló que, según los datos de Hacienda, al 31 de diciembre pasado Tesorería tenía certificados a pagar por $ 5 mil millones y que los restantes 15 mil millones, para completar los 20 mil millones que el Gobierno aseguraba tener que resolver, correspondían a vencimientos de certificados de obra de enero y febrero.
En este sentido, indicó que ese monto era manejable dado que representaba apenas el 0,86% del presupuesto provincial 2024 y tenía un impacto relativo en los $ 150 mil millones para obra pública que el mismo presupuesto contempla.
Por último, marcó la contradicción entre el reclamo del Ejecutivo de sancionar la ley de emergencia y el video que posteó en sus redes el Secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello a raíz de los 100 días de gestión, donde la publicación destaca: “Ordenamos la obra pública. La gran mayoría de los contratistas aceptó nuestro plan de pago”. “Pónganse de acuerdo”, reclamó Bahillo.
A su turno, Stratta volvió sobre algunos de estos argumentos y citó los fundamentos del Gobernador a la hora de pedir la norma, entre los que estuvo el corte del financiamiento nacional y recordó las palabras de los funcionarios provinciales durante la sesión en comisiones: “Nos castigaron de arriba”, en referencia a la Nación y el recorte de fondos y la devaluación del 118%.
La solución al problema con las contratistas está “en la negociación no en la emergencia”, expresó Stratta, quien relativizó que se pueda culpar a la gestión anterior por la situación con la obra pública
Asimismo, la jefa de la bancada del PJ dijo que el Gobierno ya dispone de herramientas para renegociar y rescindir contratos que son mejores que la emergencia para solucionar la situación. Stratta señaló a los “ruidos” que traía el texto y que podrían generar que sea “peor el remedio que la enfermedad”, donde uno de ellos, consignó, se eliminó en el Senado: se trataba de la emergencia vial para que Vialidad Provincial realice contrataciones directas sin licitación.
Mientras tanto, Stratta advirtió que existen otros dos puntos que están presentes aún: se trata de la unilateralidad para rescindir contratos de obra pública, que anticipó que traerá “más judicialización” y costos; y del “daño emergente”, un reconocimiento a favor de las empresas mayor al que prevé la ley de obras públicas vigente.
La media sanción del Senado
El Senado entrerriano había aprobado este martes por unanimidad el proyecto de ley del gobierno de Rogelio Frigerio que declara el estado de emergencia pública económica y financiera en materia de obras y servicios públicos en la provincia hasta el 31 de diciembre de 2024.
El Senado le dio media sanción a la emergencia de la Obra Pública.
El proyecto original enviado a la Cámara Alta desde el Ejecutivo buscaba la emergencia durante un año a partir de su vigencia y la opción de prorrogarse por seis más una vez concluido ese plazo.
La pretensión se topó con un límite que puso la oposición peronista, que redujo ese alcance hasta el 31 de diciembre de este año. A partir de esa fecha, si el gobernador Frigerio quiere contar nuevamente con las herramientas que le otorga la emergencia, deberá elevar un nuevo proyecto a la Legislatura.
