El ministerio de Desarrollo Social elevó un pedido de informe a la AFIP. El resultado determinó irregularidades en el programa Potenciar Trabajo. Cerca del 20% de los que reciben el beneficio no deberían hacerlo y podrían darlo de baja.
U
n informe reservado, que aún no llegó al ministerio de
Desarrollo Social y fue difundido por Infobae, revela que 253.184 beneficiarios
del programa Potenciar Trabajo no deberían recibir el cobro mensual de $27.275
-a valor noviembre- por las cuatro horas de labor que se supone realizan. Las
incompatibilidades detectadas son: la compra de dólares con fines de ahorro en
los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes
Personales.
El decreto número 728, firmado el jueves pasado por el presidente Alberto Fernández, prohíbe el ingreso de nuevos titulares a ese plan social y que los que son dados de baja sean reemplazados. Esos fondos, realza la normativa, será destinados a la adquisición de máquinas y herramientas para nuevos emprendimientos sociales.
El informe al que accedió Infobae de manera exclusiva fue
pedido el 30 de junio pasado por el entonces ministro del área Juan Zabaleta.
Según fuentes del ministerio de Desarrollo Social, el entrecruzamiento de
información aún no llegó al despacho de Victoria Tolosa Paz, pero que si esto
sucede, y la funcionaria convalida la información, la decisión es dar de bajas
a los que estén por fuera de las normas, ya sea por la compra de dólares, por
la adquisición de un auto o por que perciben más de un plan social por valores
superiores al salaria mínimo vital y móvil.
El pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social se respondió el día 24 de octubre, pero la nueva gestión está aún esperando dar con los datos.
La información se envió al ministerio el 24 de octubre pasado.
El cruce de información se realizó sobre la identificación
estadística de 1.383.279 de titulares del Potenciar Trabajo. La tarea, que
demandó más de cuatro meses, detectó que 253.184 de ellos -el 18,30% del padrón
de beneficiarios- realizaron una “manifestación patrimonial en las
declaraciones juradas de Bienes Personales” y que 35.398, el 2,56%, “habían
realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos 6
meses”.
El entrecruzamientos de datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo fue solicitado en julio pasado por el entonces ministro Juan Zabaleta
El artículo sexto del decreto presidencial número 728 es muy claro en la determinación de ir achicando los planes sociales y reemplazarlos por trabajo genuino.
El texto especifica que, a partir del viernes pasado -fecha de su publicación en el Boletín Oficial-, “no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: Programa Nacional de Inclusión Socio productiva y Desarrollo Local ‘Potenciar Trabajo’, ‘Potenciar Inclusión Joven’, ‘Nexo’ Y ‘Plus Esencial’”.
En la cartera, la más sensible del gabinete nacional junto
con la de Economía, entienden que se dan situaciones aberrantes. Hay denuncias
sobre personas que cobran de manera ilegal el programa cuando indigentes no han
accedido al segundo plan más importante del ministerio, detrás del denominado
Alimentar.
El decreto 728 también está firmado por Tolosa Paz; Sergio
Massa (Economía); Juan Manzur (Jefatura de Gabinete); Gabriel Katopodis (Obras
Públicas) y Kelly Olmos (Trabajo).
La normativa afirma que “el ahorro que eventualmente se
produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente
para la adquisición de bienes de capital, ello en el marco de la normativa que
rige los programas que prevén transferencias para dichos fines y de la que
dicte la autoridad competente para su debida implementación”.
Es lo que va a suceder, según las fuentes consultadas, con los fondos que hasta ahora percibían los casi 300.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo, si la ministra convalida los datos volcados en el informe oficial al que accedió este medio”.