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l Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos rechaza los términos en los que se convocó a la marcha a realizarse el 1º de febrero a fines de solicitar la renuncia de quienes integran la Corte Suprema de Justicia.

“Se está avasallando la división de poderes y el estado constitucional de derecho”, aseguran desde el CAER.

La marcha contra la Corte Suprema la impulsan, mediante las redes sociales, sectores alineados con el gobierno nacional.

Algunos de los dirigentes que se pronunciaron a favor de desplazar a los integrantes del máximo tribunal fueron Luis D'Elía y el juez nacional Juan María Ramos Padilla, padre del también magistrado Alejo Ramos Padilla, todos miembros de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, cuya presidenta es Cristina Caamaño, actual titular de la AFI.

Luego del fallo de la Corte Suprema de finales del 2021, donde se declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura definida en 2006 y obligó al gobierno a reformular la integración del cuerpo y volver a 20 integrantes desde abril, Ramos Padilla fue el abanderado de la movilización.

Al respecto, desde el CAER listaron mediante un comunicado, los fundamentos que motivan el rechazo a la convocatoria.

El comunicado del CAER

Manifestaciones públicas de este tipo, que solo encuentran razón en la disconformidad con algunos fallos, lesionan la independencia judicial que es uno de los pilares de nuestra constitución, ya que actúan como condicionantes a decisiones futuras.

La Constitución Nacional establece claramente cuáles son los mecanismos institucionales en los procedimientos para destituir a jueces y juezas, en la que funcionan los distintos poderes del Estado.

Si bien entendemos que rigen los derechos de opinión, de reunión y de petición, bajo ningún punto de vista se justifica utilizar estos para promover consignas violentas tales como “echar a patadas a la Corte”.

Acá no se reivindican derechos, sino que solo se pretende destituir a la cabeza del Poder Judicial de la Nación a través de acciones de presión.

Como Colegio de la Abogacía, parte activa y esencial del servicio de Justicia, no podemos hacer silencio ante un llamado a atentar contra la división de poderes que establece nuestra lograda democracia, ni avalar el apoyo público a la manifestación manifestado por funcionarios del poder Ejecutivo nacional.

Por todos estos fundamentos expresamos, como abogados y abogadas, nuestro más enérgico repudio a cualquier acto que debilite o socave los pilares de uno de los poderes de nuestra democracia republicana.