A

nte la medida de fuerza decretada por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos expresa su rechazo a la decisión tomada e insta a las autoridades correspondientes a tomar las medidas necesarias para revertir esta situación.

Resulta necesario recordar que este mismo gremio, cuando realizó medidas de fuerza en junio por cuestiones salariales, se comprometió ante la Mesa de Diálogo convocada por este Colegio a solicitar solamente el levantamiento de la Ley de Emergencia, algo que días después se concretó.

Reconocemos la problemática de los trabajadores estatales, pero bien sabemos que el Poder Judicial cuenta con mejores salarios que otros sectores.

Hoy, la situación social, económica y, sobre todo sanitaria aún no ha sido superada, por lo que es contraproducente para el conjunto solicitar beneficios exclusivos para algunos sectores de la sociedad en desmedro de otros y menos aún impedir el funcionamiento de servicio de Justicia con un paro con quite de colaboración. Reconocemos la problemática de los trabajadores estatales, pero bien sabemos que el Poder Judicial cuenta con mejores salarios que otros sectores.

Por ello, se debe proceder a solicitar el cese inmediato de la medida de fuerza que solo daña a los más vulnerables impidiendo la tutela judicial efectiva y el libre ejercicio profesional.

Las medidas de fuerza

El plenario provincial de la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) tomó la decisión de paro total de actividades dos miércoles seguidos: este miércoles 18 y el 25 de agosto. El viernes 27 definirán la continuidad de las medidas.

Los trabajadores judiciales reclaman que el Gobierno provincial se ponga al día con los aumentos para el sector, que quedaron en suspenso por la vigencia de la ley de Emergencia sancionada en 2020 y vigente hasta fines de junio pasado. “El Gobierno se comprometió a pagarnos una vez finalizada la emergencia”, señaló Brnusak y explicó que esa deuda se originó “por los aumentos que otorgó la Corte Suprema de Justicia durante el período en que nuestra ley de enganche estaba suspendida”, registró APF.