La inquietud se basa en que los pedidos de recusación y denuncias a jueces y fiscales retrasan los procesos. Para el Colegio de la Abogacía son un derecho poder realizarlos.
E
l Colegio de la Abogacía de Entre
Ríos (CAER) emitió un comunicado donde defiende el libre ejercicio profesional
de los matriculados y aboga por la plena garantía de los derechos de defensa.
Además, recuerda que la recusación de fiscales o jueces o la denuncia de
irregularidades en algunas investigaciones son figuras propias de un sistema de
justicia republicano.
“Ha sido una característica de esta gestión apoyar el derecho del ejercicio de la abogacía”, afirmó Alejandro Canavesio.
La entidad que nuclea a los matriculados de la provincia recuerda que bajo ningún punto de vista, el justo ejercicio de la defensa atenta contra la independencia de jueces o fiscales y que sólo se pretende un mejor servicio de Justicia.
Cabe recordar que fue por las denuncias y las pruebas presentadas por los abogados defensores en la causa “Beckman y otros”, que se logró aportar a una fiscal que era parte de la investigación y compartía bienes jurídicos con uno de los imputados, quien además era amigo personal de su esposo. Algo que fue negado en una audiencia y luego comprobado por pruebas presentadas por los abogados, lo que generó el lógico, pero tardío, apartamiento de la fiscal en cuestión.
Desde el CAER reiteran que todos los actores del servicio de justicia deben bregar por un servicio de justicia de calidad que respete todas las garantías constitucionales y todas las figuras de nombramientos y de remoción de jueces fiscales. Y se reitera que no se busca “obstaculizar” ningún proceso, sino contar una Justicia transparente, ecuánime e independiente.
En este sentido, y en relación a las
audiencias realizadas en la última semana, el comunicado concluye: “Coincidimos
con la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos que se
debe garantizar la independencia de jueces y fiscales, pero también mejorar
muchos aspectos para brindar una verdadera “garantía y resguardo para todas las
personas, organismos y/o instituciones de nuestra provincia”.