Los letrados elaboraronun extenso artículo en el que detallan los hechos de la causa, que comenzó ainvestigarse en 2018 y que tendría una década de desarrollo, y pusieron en telade juicio el criterio del Ministerio Público Fiscal de solicitar la elevación ajuicio sin acusar a ningún responsable político de las Cámaras legislativas delperíodo investigado, ya sean autoridades del cuerpo o legisladores.
Pagliotto y Muletconsideraron que es imposible que quienes tenían la máxima responsabilidadadministrativa de Diputados y Senadores no hayan tenido conocimiento de unamaniobra de la magnitud que describe la acusación de Fiscalía.
También pusieronen tela de juicio fallos serios en la investigación. Uno de ellos fue larelacion comercial de Goyeneche y su esposo (Orlando Bertozzi) con uno de losacusados, Pedro Opromolla, que derivó en que la propia Fiscal haya terminadoembargada en la causa, por poseer dos inmuebles en condominio con uno de losimputados, lo que terminó determinando su apartamiento de la causa.
Asimismo,cuestionaron que Opromolla no tuvo el mismo tratamiento que otros acusados ensu misma condición. Mientras que el primero siguió el proceso en libertad, losdemás debieron padecer prisiones preventivas por pedido de Fiscalía.
“Quedan yaconfiguradas gravísimas irregularidades por parte de la Procuradora AdjuntaCecilia Andrea Goyeneche y del propio titular de la Procuración General, Dr.Jorge García, algunas de ellas –podemos quizás equivocarnos- rayanas condelitos funcionales, es decir, que solamente pueden acometer los funcionariospúblicos, constreñidos a observar deberes positivos a su cargo, que en nuestraopinión se han inobservado de modo inexcusable, insinuando ya un derrotero defuturas complicidades con ciertos niveles de mayor responsabilidad del PoderLegislativo y Político, en función de garantizarles impune cobertura, de talsuerte que queden excluidos de ser investigados por parte del MPF y,obviamente, de recibir un reproche penal que les implique un serio riesgo parasus libertades y bienes”, explicitaron Mulet y Pagliotto en el documento queservirá de base para la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Lo que dice el archivo
“Se avisoran enlos desempeños de sendos fiscales la existencia de causales que obstan laprosecución de ambos en dichos cargos y funciones, las que prima facie podríanencuadrar, por asimilación con las exigidas para el Jury de Enjuiciamiento, enconductas públicas o privadas incompatibles con las funciones a su cargo(graves desórdenes de conducta) y mal desempeño de sus funciones, que a tenordel estado que exhibe la causa, se habrían configurado holgadamente, inclusopor dichos del propio Procurador ante medios masivos de comunicación, quien notuvo empacho en rebelar esta estrafalaria tesis acusatoria que sellaría-deconcretarse- un pacto de intolerable y anti republicana impunidad, que haríaretroceder a las instituciones locales en cuatro patas”, agregaron.
En tono irónico,consideran que existe un “indicador del miedo a García (IMAG)” en la dirigenciapolítica local porque “de a poquito y juntando causa tras causa donde estáninvolucrados funcionarios de los poderes legislativo y ejecutivo, esteprocurador tiempista, acomodaticio, inescrupuloso y huérfano de políticacriminal seria y concreta alguna para Entre Ríos, logró rendir a toda ladirigencia política a sus pies y someterlos a su voluntad y caprichos comoverdaderos rehenes, en una suerte también-digámoslo de una buena vez y sineufemismos- de toma y daca”, expresaron.
“No queremosimpunidad, pero tampoco investigaciones sesgadas, mentirosas, que en verdadterminan siendo una parodia, una burda y rústica puesta en escena, que encubrenmás que lo que muestran y que premian más de lo que castigan”, concluyeron.
(APFDigital)
