El Ejecutivo Provincial apeló lo resuelto por el camarista Hugo Perotti, de la Cámara de Casación Penal, que ordenaba dar a conocer el listado del “personal estratégico” en la campaña de vacunación.
E
l Gobierno presentó este martes 25 la apelación a la
resolución del camarista Hugo Perotti, de la Cámara de Casación Penal, que hizo
lugar a un amparo presentado por un grupo de diputados de Juntos por el Cambio
y ordenó al Gobierno dar a conocer, en un plazo de 5 días, el listado de los
funcionarios «estratégicos» a los que se les aplicó la vacuna contra el
Covid-19 en medio de las denuncias por la existencia de un vacunatorio VIP.
“Se presentó esta mañana la apelación -dijo el fiscal de Estado,
Julio Rodríguez Signes-. Ahora, lo que queda es que nos den a conocer la
integración del tribunal que tendrá que resolver”. La apelación se hará ante el Superior
Tribunal de Justicia (STJ). “Ahora tenemos tres días para presentar los
fundamentos de la apelación”.
Este lunes, la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo
presentado por un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio y ordenó al
Poder Ejecutivo a que en un plazo de 5 días “provea la información pública
solicitada oportunamente y no evacuada consistente en la nómina de funcionarios
públicos del Gobierno de Entre Ríos que en virtud de haber sido considerados
y/o calificados como ´personal estratégico´ fueron inoculados con alguna/s
dosis de la/s vacuna/s contra el Covid 19, fecha de su inoculación y
especificación de la tarea de gestión, conducción y funciones estratégicas
desarrolladas por cada uno de los funcionarios vacunados que merecieran haber
sido incluidos en el listado en cuestión”.
La resolución, que firmó el juez Hugo Perotti, vocal de la
Cámara de Casación Penal de Paraná, hizo lugar a una presentación hecha el 13
de mayo por los diputados Esteban Amado Vitor, Juan Domingo Zacarías, José
César Gustavo Cusinato, Rosario Ayelén Acosta, Julián Maneiro, Sara Foletto,
María Gracia Jaroslavsky, Eduardo Solari, Uriel Maximiliano Brubpacher, Nicolás
Alejandro Mattiauda y Lucía Friné Varisco, con el patrocinio del abogado Juan
Carlos Arralde.
Antes de acudir a la Justicia habían presentado un pedido de
acceso a la información pública al Poder Ejecutivo el 31 de marzo, a través del
cual solicitaron al gobernador Gustavo Bordet “información específica
relacionada con la nómina de funcionarios públicos dependientes del Poder
Ejecutivo Provincial que habían recibido alguna o las dos dosis del esquema de
vacunación contra el COVID 19 bajo la invocación de ser considerados como
´personal estratégico´ a la par que se solicitaba conocer la fecha de su inoculación
y el criterio utilizado para su calificación como tal precisándose la tarea de
gestión, conducción y funciones cumplidas para su inclusión bajo dicha
categoría”.
increíble El gobierno apeló el fallo que le imponía informar las listas de la vacunación ¡ siguen pensando que la sociedad no tiene derecho a un acceso total a la información pública !
Pero vencido el plazo de ley para que se respondiera esa
petición, el 16 de abril último, el Ejecutivo no brindó la información
requerida. Al respecto, argumentaron “el acceso al conocimiento de las personas
que en su ´rol estratégico´ como funcionarios públicos fueron tempranamente
inoculadas y sin respetar el orden de prelación organizado conforme al Plan
Rector de Vacunación contra el Covid 19 diseñado por el Ministerio de Salud de
Entre Ríos se revela como una postulación de que los y las amparistas formulan
para saber en detalle la identidad concreta de las personas beneficiadas con
una preferencia oficial en el suministro de los sueros. El interés público
comprometido en la especie, la sensibilidad que despierta en la opinión pública
una posible irregularidad de procedimientos en el acceso a las vacunas y la
necesidad de satisfacer una concreta inquietud ciudadana removiendo los
obstáculos del desconocimiento terminan por calificar al asunto de un carácter
que debe calificarse como público, transparente y sencillo de brindar”.
