E

l ahora jubilado vocal de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) consiguió que el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, aparte al fiscal Facundo Barbosa, de la investigación penal en torno a los hechos violentos que se sucedieron la madrugada del domingo 28 de marzo en un kiosco de esa ciudad y de la que fue partícipe el exmagistrado.

El incidente ocurrido en un kiosco que funge como bar en cercanías del domicilio particular de Castrillón en La Paz disparó tres causas penales: Mariano Lukacs y Natalia Lukacs, dueños de El Kioscaso, el comercio donde ocurrió la batahola que incluyó improperios y golpes, presentaron una denuncia contra Castrillón; a su vez, Castrillón denunció haber sido víctima de una golpiza. En esos casos, intervino el fiscal de turno, Facundo Barbosa. Pero después todo se desmadró: el padre del fiscal, Carlos Miguel Barbosa, denunció por amenazas al magistrado.

Los abogados de Castrillón, Rubén Pagliotto y Emiliano Castrillón, expresaron como fundamento de su pedido “que el apartamiento de jueces o fiscales de una causa, es materia reservada exclusivamente a la judicatura, expresando que hasta hace poco tiempo cuando en una suerte de arbitrariedad e irracionalidad jurídica nuclear, en la Ley de Ministerio Público Fiscal vernácula se previó que el apartamiento que se solicitaba de fiscales de causas, se decidían dentro de esa órbita, lo cual lucía como un poder exorbitante y que rompía los mínimos estándares de racionalidad y equilibrios propios de un proceso democrático y republicano”.

La recusación y el pedido de apartamiento se apoyó en el hecho de que Castrillón impugnó el pliego del fiscal Barbosa, que aspira a convertirse en integrante de la Unidad Fiscal de Gualeguay, ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Otra causal es “la denuncia que el propio padre del fiscal que se recusa, don Carlos Miguel Barbosa formuló contra el Dr. Emilio Aroldo Eduardo Castrillón por supuestas coacciones agravadas contra éste, la que se habría declarado abierta hace días atrás”.

En su presentación, señalaron que hay elementos que “impiden llevar adelante una investigación independiente”, por cuanto refieren que aquel domingo 28 de marzo, día de los incidentes, “el propio hermano del magistrado, Emiliano Barbosa, habría participado el día de los incidentes, estando junto con los sujetos que le propinaron los golpes al Dr. Castrillón, poniendo asimismo de relieve que hasta la última de las causa para apartarse, al ser su propia padre, don Carlos M. Barbosa, denunciante del Dr. Castrillón por supuestas Coacciones Agravadas, según la calificación efectuada desde el MFP, ignorándose en definitiva quién decide, califica y lleva adelante las medidas investigativas propias de rigor”.

Respecto de, reproche de “objetiva gravedad” que afecta su “imparcialidad” mencionada por los defensores de Castrillón, el juez Carballo concluyó que “la imparcialidad corresponde al Juez no así al Ministerio Público Fiscal, porque el Fiscal ´es parte´  , aunque sí tiene una deber de ´objetividad en la acusación´”.

En su resolución, el juez dijo que “encuentro afectada al menos en grado de ´peligro real´ la objetividad, resultando necesario a los procesos penales en curso que intervino el Fiscal que se recusa, su apartamiento, a fin de despejar toda duda razonable respecto a su objetividad en la acusación; todo ello, conforme a los argumentos expuestos, lo cual conduce inexorablemente a la recusación en los Legajos N°18108 y 18109, no así, en el Legajo N°18433, ya que allí no intervino en ningún momento”.

Fuente: Entre Ríos Ahora