
El ex intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco, denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas federales Gustavo Hornos y Mariano Borinsky por “mal desempeño, quienes intervinieron en la sustanciación del recurso casatorio interpuesto por mi padre”, dice la presentación en referencia a la causa en la que fue condenado por la Cámara Federal de Casación Penal como partícipe necesario penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado a la pena de seis años y seis meses de prisión, pero la cumplía en su domicilio por su estado de salud.
La presentación fue redactada en primera persona y firmada por la hija del jefe comunal, Lucía Varisco, quien justifica hacerlo precisamente por el delicado estado de salud de su padre. El relato de los hechos en el que sustancia la petición se mete de lleno en la interna de la alianza Cambiemos, hoy llamada Juntos por el Cambio.
“El eje del recurso casatorio (que confirmó la sentencia) estuvo en la crítica al fallo y la advertencia que estábamos ante un proceso permanentemente contaminado por una política judicial diagramada desde el Poder Ejecutivo encabezado por el entonces presidente Mauricio Macri, que se enmarcó en una acción persecutoria hacia mi persona con fuerte presencia mediática, denostando y creando un clima de condena propiciado por el accionar de las fuerzas de seguridad federales comandadas en aquel entonces por la señora Patricia Bullrich. Lejos estaba de conocer que precisamente quienes debían resolver mis planteos, eran visitantes frecuentes y amigos personales del entonces presidente, hechos que conocimos una vez tomado estado público que ambos camaristas concurrían a visitar a Mauricio Macri”, sostiene el texto al que tuvo acceso Página Política.
La primera parte de la petición, que lleva el patrocinio de los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen, Varisco narra: “Desde el inicio mismo de mi Intendencia, se suscitaron diferencias irreconciliables con el poder Ejecutivo Nacional, y con mi vice-intendenta, doctora Josefina Etienot, que respondía al espacio político del entonces presidente. Esto se agravó, cuando el Poder Ejecutivo Nacional decidió apoyar a otro candidato (Rogelio Frigerio) a gobernador por Entre Ríos para las elecciones de 2019, comenzando una verdadera e insoportable andanada de hostigamiento mediático que hoy, a la luz de lo que se conoce como lawfare, no dudo que tuvo una fuerte y directa injerencia del Poder Ejecutivo Nacional, de los servicios de Inteligencia (AFI) y de quien se decía era parte de los mismos, aunque inorgánicamente, Marcelo D´Alessio, sin descartar, desde luego, la participación colaborativa de otras personas, entre ellos, periodistas y editores de medios, lo que fuera expresamente dicho en el recurso casatorio que luego fuera rechazado por los hoy denunciados señores Hornos y Borinsky”.
El ex intendente dice “haber sido víctima de lawfare y espionaje de baja estofa, con una descarnada campaña mediática comandada por un empresario de los medios locales, quien tendría fuertes lazos con Marcelo D´Alessio, y además amigo personal de quien realizaba estas campañas a nivel nacional, Daniel Santoro, contando a su vez con la complicidad de las fuerzas federales comandadas por la entonces ministra Patricia Bullrich”.