La Justicia rechazó ‘por inadmisible’ el amparo presentado por la lista Azul y Blanca, que alegaba un intento de la lista oficialista por “impedir el proceso democrático en el Colegio”.
Las elecciones en el CAER se desarrollarán el próximo 26 de marzo.
L
a Justicia
rechazó el amparo presentado por una de las dos listas que se
presentan en las elecciones del Colegio de las Abogacía de Entre Ríos (CAER) que
tendrán lugar el próximo 26 de marzo. La acción judicial había sido presentada por la Lista Azul y Blanca y fue rechazado por la jueza
Marcela Davite, vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, al declararlo "inadmisible".
La causa
había sido primeramente presentada solo por los apoderados de dicha lista,
Emilio Acharta y Amado Siede, y con posterioridad asumieron la acción los
candidatos, Analía Coria, Alberto Sampayo y Daniel Galizzi objetando algunas
resoluciones del Tribunal Electoral en relación al proceso eleccionario a
llevarse a cabo el próximo 26 de marzo.
A poco de
empezar la campaña, el proceso electoral fue judicializado por la presentación
de un amparo por parte de la lista Azul y Blanca (Coria), alegando que “la
lista oficialista intenta impedir el proceso democrático en el Colegio de
Abogados”, según sostuvo en un comunicado.
La nómina de
Coria cuestiona una resolución del Tribunal Electoral que dejó afuera a más de
la mitad de las personas que la integran.
Tras ello,
llegó la respuesta de la lista Celeste y Blanca (Canavesio), en la que
sostuvieron que se observaron “serias irregularidades en la lista opositora”, y
lamentaron la judicialización del proceso electoral.
En un
extenso comunicado, la nómina oficialista explicó que el Tribunal Electoral
aprobó de forma parcial la lista de la oposición para el Consejo Directivo,
puesto que “no cumplieron requisitos mínimos”.
El consejo directivo del Colegio de la Abogacía dijo que "anhela
por una realización justa y transparente del acto eleccionario y seguirá
actuando en consecuencia, como lo ha hecho hasta ahora para que las abogadas y
abogados, con libertad, ejerzan su derecho a elegir a las autoridades de la
institución".
Además,
convocó “a todos los actores a que de buena fe agoten los medios para que se
produzca la mayor participación de los votantes y candidatos oficializados por
el Tribunal Electoral, con absoluta transparencia para garantizar la
pluralidad, el federalismo y la participación en las próximas elecciones”.
En tanto, Analía Coria
sostuvo que fueron “empujados” a presentarse en los Tribunales a raíz de que
del Tribunal Electoral del CAER firmó el martes la resolución 04 que deja
afuera de la lista a varios de sus candidatos. El órgano que regula el proceso
está integrado por tres profesionales de Paraná y dos del interior.
Al rechazar el amparo, la jueza Davite decidió que las costas de la causa queden a cargo de la parte actora.
“A nosotros nos empujaron a tener que realizar este amparo porque hemos hecho planteos ante el Tribunal Electoral, que corresponden dentro del marco de una elección, y han sido rechazados. No nos quedó otro remedio que acudir a la justicia para que ponga eje sobre cuál es el sentido del acto eleccionario, que es la participación democrática”, dijo la candidata a la conducción del Consejo Directivo del CAER.
En ese sentido, explicó que la resolución del amparo está en manos de la jueza Marcela Davite, de la Cámara de Casación Penal de Paraná.
“Solicitamos que se anule la resolución número 4 del Tribunal Electoral por la cual deja afuera a una serie de cargos que fueron adecuadamente propuestos y que hubo faltas muy formales. El Tribunal Electoral nos prohibió cualquier tipo de corrección de estos errores materiales mínimos”, sostuvo.
A modo de ejemplo, mencionó que entre los “errores” de su lista registraron “un error de tipeo en el nombre de uno de los candidatos” y que “hay un solo candidato que está a escaso tiempo de cumplir los cinco años que prevé la Ley para integrar un Consejo Directivo, pero que estaba como candidato a un cargo suplente”. “No nos dieron la oportunidad de hacer las correcciones. Esa es la queja”, reiteró.
Finalmente, recordó que las resoluciones del Tribunal Electoral son inapelables y que por ello debieron recurrir a la Justicia. “Si existiera un mecanismo interno que pudiera solucionar el problema, no se hubiera tenido que hacer este despliegue judicial”, completó Coria.
