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as elecciones previstas para el próximo 26 de marzo en el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) se judicializaron luego de la presentación realizada por la Lista Azul y Blanca, que lleva a Analía Coria como candidata a presidenta: “Alegando un formalismo inaudito, las actuales autoridades del CAER, que buscan su reelección, junto al Tribunal Electoral designado por ellos mismos, quieren impedir que participemos", inicia la denuncia.

"Hemos presentado un amparo para garantizar el proceso democrático en el Colegio de la Abogacía”, anuncia el texto que apunta a la conducción que tiene como presidente, Alejandro Canavesio, quien busca su reelección en la lista Celeste y Blanca. La petición la resolverá la integrante de la Cámara de Casación Penal, Marcela Davite.

La denuncia pública, expresada en un comunicado, fue luego de que el Tribunal Electoral dictara una resolución por la cual dejó afuera a candidatos de la nómina opositora para presidir la entidad.

El martes, la autoridad electoral dictó una resolución en la que, esgrimiendo artilugios jurídicos injustificables, dejó afuera más de la mitad de las personas que integran la lista Azul y Blanca. Los opositores vieron allí “una obstinación en empañar un proceso democrático y presentar una única lista para no competir con una verdadera alternativa gremial”.

El Tribunal Electoral no tomó como presentadas a dos listas de delegados, de Colón y Concordia, por haberse presentado fuera de hora. Una hora, aproximadamente, según los consultados. Por otro lado, hubo nombres que tenían errores de tipeo en el apellido, lo que hacía que el mismo no se encuentre en el registro de matriculados.

“Queremos ser parte del proceso electoral, por lo que, en tiempo récord, colegas a lo largo y a lo ancho de la provincia nos hemos comprometido y estamos dispuestos a trabajar en un Colegio de la Abogacía que defienda verdaderamente los intereses de los matriculados. Las artimañas legales son ridículas, antidemocráticas y alegan un formalismo inaudito que demuestra claramente falta de pluralismo y una actitud vergonzosa para quienes debieran garantizar la Democracia, siendo órgano de delegación del Estado”.

Desde la lista impugnada mostraron malestar, ya que en todo proceso electoral se suele dar 24 horas una vez finalizado el tiempo de presentación para corregir precisamente esos errores materiales.

“Más allá de estas embestidas, que muestran a las claras cómo se han manejado las autoridades de la institución estos dos años, nuestras convicciones sobre la defensa del real ejercicio profesional de los colegas nos lleva a redoblar los esfuerzos para que la Abogacía de Entre Ríos tenga una opción superadora a la hora de elegir, por lo que tuvimos que interponer un amparo solicitando se dejen sin efecto los cuestionamientos inconstitucionales que nos realizó el Tribunal Electoral, y que se suspendan las elecciones hasta tanto se nos permita ser parte del proceso electoral, ejerciendo nuestro derecho como matriculados”, concluyeron desde la lista Azul y Blanca.

La respuesta oficial

Tras conocerse la petición por parte de la lista opositora, desde el oficialismo emitieron un comunicado que en el que expresaron bregar “por un proceso democrático transparente en el que se respeten las reglas preestablecidas y se garantice la participación de género”.

“En la lucha por un Colegio de la Abogacía abierto, más participativo y más federal se logró aprobar la ley que no sólo integra a las minorías sino también que brinda representatividad a los géneros. Por eso solicitamos a todos los espacios que cumplan en tiempo y forma con las presentaciones oficiales de listas”, dice el texto.

“Observamos serias irregularidades en la lista opositora que motivaron una presentación formal de 8 páginas ante el Tribunal Electoral.  Somos un amplio grupo de profesionales comprometidos por un mejor funcionamiento de la abogacía y creemos firmemente que todo proceso electoral de cualquier índole tiene su proceso impugnativo legítimo y que es un trámite esperable en cualquier elección”, agregaron.

Además, también cuestionaron a la lista Azul y Blanca por dar “información incompleta, defectuosa y sesgada, victimizándose de sus propios errores”.

“Hay dos personas que no están en el padrón, hay tres personas que no tienen los cinco años de matriculación exigidos por ley;  hay seis personas que aceptaron el cargo de Delegado a la Junta de Delegados por su Sección y no al Consejo Directivo, son dos órganos distintos; y hay dos personas que aceptaron cargos distintos a los que fueron propuestos en la lista presentada”, explicaron ante la resolución.

La lista Azul y Blanca ha recurrido al auxilio del Poder Judicial a través de un amparo. No es bueno que las decisiones sobre selección de las autoridades de nuestro colegio de la abogacía sea tomada en el escritorio de los jueces.

No admitimos interferencias de intereses  extraños a los de la abogacía entrerriana para “poner o sacar” nuestras autoridades. Esto no es independencia ni libertad”, se quejaron, y completaron: “Como abogados debemos aceptar que nuestros conocimientos sobre términos o plazos perentorios deben ser cumplidos; que nuestros propios actos nos obligan a tener una conducta congruente o coherente en nuestra práctica profesional”.

Fuente: Página Judicial.