E

l gobierno provincial publicó este martes en el Boletín Oficial de la provincia la Ley de la Abogacía Entrerriana, sancionada por la legislatura entrerriana el año pasado que regula el funcionamiento de la colegiación para la abogacía entrerriana, asegura la integración de las minorías y la paridad de género en todos los órganos de gobierno institucionales.  

El presidente del flamante Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), Alejandro Canavesio, aseguró que “la ley es fruto de una gestión que consolidó la unidad, la pluralidad, el federalismo y la participación” dentro de la institución.

“La nueva ley abre grandes desafíos hacia el futuro”, sostuvo Canavesio

“El logro de contar con esta nueva normativa ha sido un gran esfuerzo colectivo y a quienes nos tocó liderarlo, debemos agradecer la participación y el compromiso de toda la matrícula”, opinó Canavesio, que remarcó que “ser inclusivos es una obligación de época, pero esta ley va más allá porque suma la integración real de género, órganos de gobierno más modernos y una verdadera integración de las minorías”.

La Ley obtuvo, en noviembre pasado, la media sanción en Diputados.

A su vez, las autoridades del CAER aseguraron que en los próximos días convocarán oficialmente a elecciones para conducir la institución en los próximos años, con los parámetros de la nueva legislación vigente.

“Cerraremos una gestión que marcó los nuevos tiempos del Colegio, logramos la Ley de Licencias para abogadas y abogados, esta ley de la Abogacía y lideramos todos los reclamos por los honorarios profesionales y por un real acceso al servicio de justicia durante la pandemia. Hacemos un balance positivo, seguiremos trabajando para consolidar lo logrado hasta el momento y proyectando una mejor institución hacia el futuro”, finalizó Canavesio.

Sobre la Ley

Sancionada el 25 de noviembre por el Senado de la provincia, el proyecto venía con media sanción de la Cámara de Diputados. El nuevo texto, presentado por el entonces Colegio de Abogados al gobernador Bordet en agosto de 2018, reemplaza una normativa del año 1.956.

Establece un nuevo nombre a la institución, y modificaciones en los órganos de la colegiación, el Consejo Directivo, asambleas, juntas de Delegados, Tribunal de Ética Profesional y las Secciones.