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ediante un comunicado de prensa, el Gobierno de Entre Ríos se refirió a la situación actual con los bonistas, en el marco de la reestructuración de la deuda de la provincia.

En 2017, según el comunicado, la Provincia de Entre Ríos emitió el Bono ER 25 con un capital de USD 500 millones pagadero en tres amortizaciones en 2023, 2024 y 2025 y una tasa de interés pagadera semestralmente de 8.75%.

A la fecha de emisión del Bono ER 25 las condiciones que hoy afectan al país y a la Provincia eran imposibles de prever. Una gran devaluación en 2018 fue seguida de una aguda recesión que llevaron al Gobierno anterior a recibir el rescate más grande de la historia del FMI e imponer estrictos controles cambiarios en 2019. A dicha crisis se sumó una pandemia sin precedentes en 2020.

La Provincia de Entre Ríos no tiene ingresos en moneda extranjera –tales como las regalías petroleras–, su relación entre recursos expresados en dólares y deuda en dicha moneda, sufrió una distorsión que impidió el cumplimiento de las obligaciones asumidas en las condiciones pautadas al momento de la emisión. La variación del tipo de cambio fue del 191% desde la fecha de emisión del Bono ER 25 en 2017 al 2019 mientras que la variación de los recursos de solo el 92%, con una caída acumulada de ingresos expresados en dólares del 36%. A ello se suma que en 2019 con la reforma tributaria nacional se disminuyó significativamente la coparticipación a las provincias.

En tales circunstancias, el 8 de agosto de 2020 la Provincia se vio imposibilitada de hacer frente a un cupón de deuda de Bono ER 25. Se inició de inmediato un proceso de reestructuración de su deuda a instancias de la Provincia para lograr la sustentabilidad de la misma mediante un diálogo constructivo y de buena fe con sus principales acreedores. Dicha negociación necesariamente debe contemplar que la Provincia pueda cumplir con sus funciones esenciales y prioritarias en medio de esta crisis.

Una proyección a mediano plazo muestra una prolongación indefinida de la pandemia y sus consecuencias, que afectará aún más la actividad productiva, reducirá los ingresos fiscales y obligará a aumentar gastos en salud, asistencia social y seguridad.

Es importante destacar que si bien la proyección presupuestaria para el ejercicio 2021 contempla el pago de los cupones del Bono ER 25 y arroja un superávit en el resultado primario, el mismo no incluye en otros aspectos pauta salarial alguna, ni consideraciones referidas a mayores gastos y disminución de recursos provocados por las consecuencias de la pandemia, lo cual es sabido por los acreedores, como también es conocido que el proyecto de ley de presupuesto se elabora varios meses antes de finalizar el período con lo cual se hice imposible mensurar consecuencias y extensión de circunstancias atípicas.

La Provincia lamenta que los inversores hayan designado a una firma de abogados de Nueva York como su interlocutor en lugar de un asesor financiero como es práctica de mercado, lo que hubiera facilitado el análisis de las cuentas públicas provinciales entre especialistas en economía y finanzas y no en litigios. También lamenta que en cada ocasión que han tenido oportunidad desde el comienzo de este diálogo, han optado por amenazar a la Provincia y sus funcionarios con el inicio de acciones legales si no se aceptan sus inflexibles imposiciones. Ello pese a que la Provincia ha evidenciado su buena fe en las negociaciones desde el comienzo del proceso, incluso mejorando sus propuestas en tres oportunidades, sin tener un correlato similar de parte de sus acreedores. Dichas propuestas, han sido debidamente publicadas en la página oficial del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia, al vencer los distintos acuerdos de confidencialidad firmados conforme lo establecido en estos últimos.

El 4 de enero de 2021, tomamos conocimiento por los medios de prensa del supuesto inicio de una demanda por parte de un grupo de acreedores, tenedores del 54% del total de la deuda emitida, que tiene por objeto el cobro de los intereses vencidos, por un monto cercano a los 12 millones de dólares. Esto confirma que la intención de dichos inversores fue siempre de litigar si la Provincia no se rendía a sus amenazas y requerimientos inflexibles en un brevísimo lapso de tiempo.  En caso de ser notificada de tal demanda la Provincia ejercerá la defensa en juicio de los intereses de su pueblo hasta las últimas instancias en los fueros que corresponda.

La Provincia continuará trabajado sin descanso y haciendo sus mejores esfuerzos para paliar la crisis que atraviesa su población, incluyendo la renegociación de su deuda con todos aquellos acreedores dispuestos a tener un diálogo constructivo, de buena fe, en el marco de negociaciones extrajudiciales, sin dejar de respetar las instancias y los procedimientos legales que correspondan.