El gobierno provincial, asesorado por el banco HSBC, inicia ronda de reuniones con acreedores. Busca tres objetivos: conseguir “alivio financiero”, reducir las tasas de interés y estirar vencimientos del capital.
E
n el marco del proceso de reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera, el gobierno de Entre Ríos desarrollará esta semana reuniones con los tenedores de los títulos internacionales de la provincia.
El telón de fondo es la estrategia
desarrollada por el gobierno nacional que logró reestructurar el 99 por ciento
de su deuda con acreedores internacionales.
El banco HSBC, que oficia como asesor financiero y reestructurador de la provincia, estableció contacto con los tenedores de los bonos entrerrianos. En esa línea, “esta semana mantendremos una nutrida agenda de reuniones para exponer la situación de la provincia en busca del alivio necesario”, expresó el ministro de Economía, Hugo Ballay.
El titular de la cartera económica recordó que Entre Ríos emitió en el año 2017 un título por 500 millones de dólares, y que ya se pagaron intereses desde agosto de 2017 a febrero de este año. El vencimiento del capital está previsto para los años 2023, 2024 y 2025 pero la Provincia buscará dilatar esos plazos.
Ballay sostuvo que el objetivo de la pretendida reestructuración “se centra principalmente en tres puntos: conseguir un alivio financiero para este golpeado 2020 y 2021; reducir las tasas de interés; e incidir en los vencimientos del capital para que se produzcan en una mayor cantidad de tiempo".
El titular de Hacienda recordó también que “Entre Ríos se vio muy afectada
por la quita unilateral de fondos coparticipables en agosto de 2019 por parte
del gobierno nacional de aquel entonces", en alusión a Mauricio Macri.
"Esto agravó decididamente un cuadro económico y financiero que ya era complejo dada la caída sostenida de la economía del país en los últimos años, y volvió a sufrir un duro impacto con el advenimiento de la pandemia que está causando una crisis económica en todo el mundo”.
“Apuntamos a darle sustentabilidad a nuestra deuda pública y un significativo alivio a la situación financiera para priorizar las inversiones en infraestructura, producción y desarrollo en la pospandemia”, explicó Ballay.