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a denuncia que pesa contra el empleado estatal sumariado Antonio José Luis Cardoso es por abuso sexual a una mujer a quien había drogado en una falsa entrevista laboral. El caso se hizo público en enero de este año y, a partir de allí, se sucedieron una ola de denuncias de víctimas que habían sufrido violaciones con la misma modalidad de engaño y sumisión. El imputado les prometía trabajo en Casa de Gobierno y también curaciones con supuestos poderes de curandero a sus víctimas, a quienes invitaba a su casa de calle Italia al 500, donde las sedaba para luego abusarlas.

Cardoso permanece con prisión preventiva pese a los pedidos de excarcelación.   

Ya concluida la fase de investigación, esta semana la Fiscalía y la querella pidieron la remisión de la causa a juicio, en una audiencia que se desarrolló el jueves en horas de la tarde en el salón N° 1 de los Tribunales de Paraná, según consigna el Diario UNO. Allí la fiscal Ileana Viviani planteó que la investigación penal preparatoria estaba completa en cuanto a las pruebas que se produjeron, las cuales reseñó, y sostuvo que había elementos suficientes para sostener la imputación en el juicio y lograr una condena.

Al planteo realizado por Viviani adhirieron los querellantes que representan a dos de las víctimas, Boris Cohen y Marcos Rodríguez Allende. A su turno, la defensora particular de Cardoso, Corina Beisel, efectuó algunas objeciones que serán analizadas por la jueza de Garantías Elisa Zilli al momento de resolver, ya que pese a que había más de una decena de denuncias contra Cardoso, algunas vencieron los plazos de prescripción, por lo cual no serían tenidas en cuenta para la imputación en el debate. Por ejemplo, hay una que menciona un hecho de abuso perpetrado hace casi 20 años.

Sin embargo, todo esto será analizado por Zilli, que en los próximos días dará a conocer si remite la causa a juicio o si ordena profundizar algunos aspectos de la pesquisa. El debate no será con un juicio por jurados sino con un tribunal de jueces técnicos, ya que la pena en expectativa no superaría los 20 años para el imputado.