Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto paralegalizar la interrupción voluntaria del embarazo junto al proyecto paraproteger a los recién nacidos durante sus primeros 1000 días de vida.
El presidente lo anunció por Twitter y con un video.
“Siempre fue mi compromiso que el Estadoacompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuidela vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo”, expresó elmandatario en su mensaje grabado.
Sostuvo que “criminalización del aborto solo aumentólos abortos clandestinos en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizanalrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de lademocracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa”.
“Esto resuelve un problema que afecta a la saludpública. Salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas. Eldebate no es decirle si o no al aborto. Los abortos ocurren en formaclandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos sesometen. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos en laclandestinidad o en el sistema de salud argentino”.
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El proyecto es similar al aprobado en 2018. Habilita lainterrupción legal del embarazo a las 14 semanas de gestación y en cualquiermomento si estuviese en peligro la vida de la gestante o fuese producto de unaviolación, con declaración jurada de la mujer, a no ser que tenga menos de 13años.
Estas habilitaciones ya estaban vigentes en el Código Penal,al que se retocan las penas por los abortos en cualquiera de las circunstanciasno descritas: serán de 3 meses a 1 año a los que lo practiquen con autorizaciónde la mujer, además de la prohibición de ejercer la medicina. Pero podríansufrir la misma pena si se niegan a hacer un aborto legal. La misma pena para las mujeres cuando”circunstancias lo hicieran excusable”. No habrá sanción portentativa.
Le cabrá entre 3 y 10 años si lo hacen sin elconsentimiento. Las penas menores a 4 años pueden ser excarcelables. Y entre 6meses y 3 años a quien causare un aborto sin propósito de hacerlo.
Las mujeres deberán obtener un trato digno, privacidad,respeto a la confidencialidad, calidad en la atención y acceso a lainformación. Deberán brindarle además los métodos anticonceptivos que figuranen el programa médico obligatorio (PMO). Los mayores de 16 años deberán acudircon un representante legal y los de 13 con sus progenitores.
Los profesionales podrá tener objeción de conciencia enámbito público y privado y derivar los pacientes a otros colegas, pero conmuchos límites: no podrán negarse en caso de que el paciente arriesgue su vidani para tener secuelas de una práctica. Cualquiera de esos incumplimientospuede derivar en sanciones administrativas y penales.
El proyecto contempla además la garantía de cobertura en elprograma médico obligatorio y contempla los planes de educación sexual que sehabían sumado al proyecto aprobado en 2018.
