L
os integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General, el Defensor General, los miembros de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y la Asociación Judicial de Entre Ríos se reunieron, este viernes en Paraná, coincidieron en manifestarse en defensa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la provincia consagrados en la Constituciones Nacional y Provincial, leyes nacionales y en las leyes provinciales N° 8.069 y N° 10.068.
Según el comunicado difundido, definieron rechazar enfáticamente la medida impulsada por el Gobierno provincial mediante el Decreto N° 1634 del 6 de octubre (publicado en el boletín oficial el día 9 de octubre), que dispone otorgar a un grupo de trabajadores judiciales un aumento, consistente en una suma fija mensual, provisoria, no remunerativa ni bonificable hasta tanto se concrete el acuerdo salarial y a cuenta del incremento que logre acordarse en una futura mesa de paritarias o negociaciones sectoriales.
Los argumentos
Expresaron que "la medida del gobierno se funda en que la misma atenta contra la Ley N° 8.069 de porcentualidad, vigente desde mayo de 1988, la que establece que los integrantes de la magistratura, funcionarias/os y trabajadoras/res, percibirán un haber equivalente a un porcentual de lo que cobra un Vocal del Superior Tribunal y, de la manera dispuesta por el Decreto N° 1634 se rompe el equilibrio legal existente entre los distintos escalafones remunerativos del Poder Judicial".
Remarcaron que "no desconocen que se esté ante una atípica e imprevista situación sanitaria, que son conscientes y reconocen la difícil situación económica y social que se atraviesa, producto de la pandemia por Covid-19, en la provincia y en la nación. Tan es así que, con la firme convicción de que todos deben colaborar para ayudar a los que más lo necesitan, el Poder Judicial de Entre Ríos impulsó medidas y acciones concretas para afrontar la emergencia sanitaria y económica".
Señalaron, además, que ya en febrero de este año, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en Acuerdo Especial, dispuso por unanimidad que hasta el 30 de junio de 2020 no se active el mecanismo previsto en el artículo 1º de la Ley N° 10.068. "Esta medida voluntaria, fue fruto del consenso previo de todos los integrantes del Poder Judicial, que hoy suscriben al comunicado", señalaron.
En el texto se añade que en marzo de este año, en consonancia con el Decreto N° 486 del Poder Ejecutivo provincial, se creó un Fondo Solidario que aportó casi 20.000.000 de pesos, que fueron destinados a la compra de dos ambulancias, equipamiento técnico y material médico quirúrgico, adjudicados, según necesidades, a diferentes hospitales de la provincia.
Se indicó también que el Superior Tribunal de Justicia, desde el inicio del flagelo del coronavirus en la región, ha dictado diversas disposiciones relativas al funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia, en el marco de esta situación excepcional provocada por la pandemia generada, las que se plasmaron a través de sucesivos Acuerdos Especiales que han permitido, sin la posibilidad de un pleno y normal funcionamiento de los Tribunales, garantizar, sin embargo, la continuidad de la prestación del servicio esencial de justicia, aun en tiempos de emergencia sanitaria y de ASPO, con las naturales limitaciones que ello impuso.
Desde los organismos de Justicia de Entre Ríos señalan que tienen pleno conocimiento de la difícil situación económico-financiera que afecta a Entre Ríos, pero están convencidos que no es por responsabilidad del Poder Judicial, donde la administración de los recursos públicos y el manejo de las partidas asignados en la Ley de Presupuesto es totalmente transparente y eficiente. Además, de la masa salarial mensual de toda la administración pública entrerriana, el Poder Judicial representa tan solo un guarismo menor al 8% del gasto público destinado a ella, lo cual mal puede resultar representativo de semejante desequilibrio en las finanzas públicas, cuya administración es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo.
Por todo ello, sostienen que no pueden ser perjudicados los trabajadores del Poder Judicial ni el equilibrio salarial de su estructura interna con medidas de este tipo que romperían un orden armónico que funciona sin reparos desde hace más de 30 años y en aras a su necesaria preservación vienen haciendo sacrificios desde hace muchos meses y están dispuestos a acompañar los que la provincia requiera; mas, desean, exhortan y votan porque se elaboren estrategias para morigerar el gasto público y mantener el equilibrio de las cuentas fiscales, a fin de seguir garantizando los derechos contraídos de todos los trabajadores.
Para finalizar el escrito, se ponen a disposición para trabajar de manera conjunta para contribuir y seguir mejorando al servicio de justicia de la provincia, pero requieren que el Gobierno provincial se abstenga de efectivizar la aplicación de lo dispuesto en el Decreto N° 1634/20 a los agentes del Poder Judicial.
El documento lleva las firmas de Martín Carbonell, Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; Germán Carlomagno, Vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos; los Vocales Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Susana Medina, Emilio Castrillon, Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Miguel Giorgio; el Procurador General, Jorge García; el Defensor General, Maximiliano Benítez; la Presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Gabriela López Arango y de la Secretaria Adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos, Mabel Pedrero.
