E

l Procurador General del Tesoro Carlos Zannini recomendó extender la indemnización otorgada a las personas que fueron detenidas durante la dictadura de 1976 a los que tuvieron que exiliarse durante aquellos años.

La ley 24.043 sancionada durante el gobierno e Carlos Menem dice en su primer artículo que "Las personas que durante la vigencia del estado de sitio hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, por decisión de éste, o que siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares, hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios, podrán acogerse a los beneficios de esta ley, siempre que no hubiesen percibido indemnización alguna en virtud de sentencia judicial, con motivo de los hechos contemplados en la presente”.

Según se explica en la web de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pueden acceder a la indemnización “Las personas que estuvieron detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o por orden emanada de tribunales militares dentro del período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974, y el 10 de diciembre de 1983, a los detenidos en centros clandestinos de detención y a los que sufrieron libertad vigilada. Cabe destacar que a los argentinos se les reconoce la detención hasta el 28 de octubre de 1983 y a los extranjeros expulsados hasta el 10 de diciembre de 1983”.

La opinión de la Procuración del Tesoro de la Nación fue solicitada por la secretaría de Derechos Humanos que encabeza Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos. La secretaría informó que había pedido la intervención de Zannini para que determinara la procedencia de otorgar el beneficio contemplado en las Leyes Nº24.043 y sus modificaciones, a una persona que indicaba haber sufrido exilio forzoso en el período comprendido entre 1977 y 1986.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2019, la entonces Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural que encabezaba Claudio Avruj se expidió a favor de la indemnización por el tiempo pasado en exilio aunque aquello no estuviera contemplado en la ley. El fundamento de la secretaría que conducía Avruj se basó en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le dio la razón a una familia que había partido al exilio durante la dictadura.

Avruj explicó entonces que estaba “suficientemente acreditado que la familia requirente sufrió una feroz persecución, en el marco de la cual se produjo el secuestro y desaparición de varios de sus miembros. Dado el contexto de persecución sufrido la única alternativa viable con la que contaba ante el peligro de la pérdida de su vida o de su libertad, era la salida del país”. Y recomendó que se hiciera un proyecto de Ley para regular la situación de los exiliados.

En el dictamen Zannini se manifestó en favor de otorgar el beneficio de la indemnización a las personas que estuvieron exiliadas. Se expidió en una caso que, tal como se lee en el dictamen, se originó “… con los hechos expuestos por la señora (Soledad) de la Cuadra, quien relató que, a partir de 1975, nueve integrantes de su familia fueron secuestrados y sólo dos de ellos recuperaron su libertad. Manifestó que el 21 de junio de 1977, tanto ella como su marido, Carlos Horacio Bourg, y sus hijos María Soledad Tulián de la Cuadra e Hilario Bourg de la Cuadra, dejaron el país con rumbo a Italia, donde fueron reconocidos como refugiados bajo el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y que retornaron al país el 4 de diciembre de 1986”. Es decir que el dictamen de Zannini se ocupa de la situación de una familia cuyos integrantes debieron partir al exilio durante el gobierno de Isabel Perón y continuaron huyendo durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

La Corte ya ha fallado en varios casos a favor de que los exiliados entre noviembre de 1974 y diciembre de 1983 accedan a las mimas indemnizaciones que los desaparecidos.

La indicación del ex candidato a vicepresidente en 2015 en tanto cabeza de los abogados del Estado- quedó plasmada en el que en el dictamen IF-2020-36200344-APN-PTN que da por tierra con un anterior dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación cuando era dirigida por Angelina Abbona, amiga de Zannini quien la propuso en 2010 para conducir a los abogados estatales.

En al conclusión del dictamen de Zannini a favor de la indemnización a los exiliados, se lee “Lo opinado en este asesoramiento, importa dejar sin efecto la doctrina sustentada por esta Procuración del Tesoro de la Nación, en el Dictamen N.° 268 del 18 de diciembre de 2014 (Dictámenes, 291:224).”. Aquel dictamen de 2014 firmado por Abbona era contrario al pedido de indemnización por exilio solicitado por Víctor Pujadas, hermano de Mariano Pujadas, uno de los fusilados en la masacre de Trelew. Pujadas, dirigente Montonero fue fusilado el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada. Su hermano Víctor partió al exilio en 1975 luego de que toda su familia fuera asesinada en Córdoba . El Comando Nacional Restaurador Justicialista se adjudicó la muerte de los familiares de Pujadas.

En 2014, cuando gobernaba Crisitna Kirchner y Zannini era el secretario Legal y Técnico de la Nación , Abbona, dictaminó en contra del pedido de Pujadas. En su dictamen ante el pedido de De la Cuadra, Zannini se manifiesta a favor del pedido para que los exiliados también cobren una indemnización.

Fuente: Infobae.