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a Policía Bonaerense inició una fuerte protesta contra el gobierno de Axel Kicillof -con el polémico Sergio Berni como ministro de Seguridad- en reclamo de aumentos salariales y mejoras en condiciones de trabajo. Hubo concentraciones de funcionarios de la fuerza, del Servicio Penitenciario y de familiares, incluso frente a la residencia del gobernador, y la provincia vive horas de tensión mientras se producen las negociaciones para destrabar el conflicto.

Entre Ríos cuenta con un drástico antecedente del 2013, un episodio de similares características que comenzó en Córdoba y tuvo su epicentro entrerriano en Concordia.

Sin embargo, este martes, según fuentes oficiales del Ministerio de Gobierno, la situación en Entre Ríos es de tranquilidad. Reforzando esta postura, el Jefe de Ceremonial y Protocolo de la fuerza, comisario Mario Celis dijo que están “cumpliendo con el servicio normalmente”, registró APF.

Entre los puntos que reivindican los policías bonaerenses se cuentan un aumento del 56% para el subescalafón comando y subescalafón general; del 64% para el subescalafón de administrativos, técnicos y profesionales; la "democratización de las fuerzas" y el derecho a la sindicalización.

2013

En diciembre de 2013 una movilización de policías de franco y familiares culminó con la toma de la Jefatura policial de Concordia, lo que convirtió a la Capital del Citrus en zona liberada para saqueos y robos.

En ese contexto, se produjeron tres muertes: Eduardo López; Eduardo Cáceres y Claudio Matías Román, el primero durante un saqueo y el segundo durante un episodio confuso en una distribuidora.

Por los sucesos, un grupo de 17 uniformados entrerrianos fue juzgado y condenado en julio de 2015. Sólo uno, Carlos Zaragoza, era oficial, el resto eran suboficiales o agentes, “Juanchos” como se conoce en la jerga a la tropa de calle. La decisión fue apelada, llegó ante el Superior Tribunal y se está a la espera de una resolución definitiva.

En paralelo, la Policía instruyó un sumario administrativo a 40 oficiales, algunos de alto rango. De ese total, 21 recibieron en mayo de 2019 la baja, pero la determinación fue apelada y tampoco se encuentra firme.

El primer punto del petitorio que los policías bonaerenses enviaron al gobernador Axel Kiciloff es casi calcado al artículo primero del acta que el ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri tuvo que firmar con los amotinados en la sede de la Cafesg de Concordia para terminar la asonada: que no haya sanciones a los uniformados por el motín que habían protagonizado.